En el marco del VII Encuentro Internacional por la Semana de la Transparencia, la Defensoría del Pueblo de Ecuador presentó el evento académico internacional “El derecho a la información pública como herramienta de las y los defensores para el ejercicio de otros derechos humanos y los de la naturaleza”, que se llevó a cabo los días 27 y 28 de noviembre del 2018, con el fin de intercambiar experiencias nacionales e internacionales sobre transparencia y el derecho a acceder a información pública.
Gina Benavides Llerena, Defensora del Pueblo de Ecuador (e), dio la bienvenida a las y los asistentes a la jornada académica que se desarrolló en el salón Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional en Quito.
Durante su intervención, Benavides recalcó la importancia de generar herramientas que mejoren el acceso a la información pública y que este mecanismo no solo garantice la transparencia de los procesos, sino el cumplimiento de derechos de la ciudadanía.
En la primera jornada de trabajo, que se llevó a cabo el 27 de noviembre, se desarrollaron cuatro paneles académicos sobre diferentes temas. El primero contó con la participación de Gina Benavides, Defensora del Pueblo (e); Pascual Barrios, Viceministro de Justicia de Paraguay; y Andrea Ruíz, Directora General del Consejo de Transparencia de Chile, quienes se refirieron al derecho a acceder a la información pública como mecanismo de exigibilidad de otros derechos.
El primer panel recalcó el aporte que los avances tecnológicos significan para que las instituciones puedan garantizar a la ciudadanía el derecho a tener acceso a información pública de manera verás y oportuna.
Gina Benavides, Defensora del Pueblo (e), señaló que es fundamental que las instituciones potencien el ejercicio y cumplimiento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a Información Pública para que esta sea una herramienta efectiva para la labor de Defensoras y Defensores del Pueblo.
Pascual Barrios, Viceministro del Ministerio de Justicia de Paraguay, manifestó que los alcances de la normativa para el cumplimiento del derecho al acceso a la información deben ser más amplios y justos para todos y todas.
Andrea Ruíz, Directora General del Consejo para la Transparencia de Chile, afirmó que el derecho de acceso a la información pública es un derecho humano y un instrumento fundamental para acceder a otros derechos.
El segundo panel estuvo compuesto por Loyda Olivio, Secretaria Técnica del Consejo Nacional para la igualdad de Pueblos y Nacionalidades; Mario Melo, Docente de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador y Director de la Clínica de Derechos Humanos PUCE; y Alex Lucitante, defensor de derechos humanos y líder de la comunidad A´i Cofán de Sinangoe.
Loyda Olivio se refirió al derecho de acceso a la información pública y su relación con el derecho a la participación de los pueblos y nacionalidades.
Mario Melo destacó la manera en que el ejercicio del derecho el acceso a la información permite fomentar y construir los procesos en donde la ciudadanía sea el principal sujeto de evaluación y exigencia de la publicación de los mismos.
Alex Lucitante, Defensor y líder de la Comunidad A´i Cofán de Sinangoe, finalizó el panel aclarando que su principal objetivo es promover el acceso de la ciudadanía a la información pública para la protección de la naturaleza y se refirió, desde su experiencia, a las formas en que las instituciones entregan la información a sus comunidades.
El tercer panel estuvo conformado por Valeria Torres, Oficial de Asuntos Económicos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL; Francisco Hurtado, Adjunto de Derechos Humanos y de la Naturaleza de la DPE; y Pamela Rocha, de Cancillería de Ecuador.
Valeria Torres compartió la experiencia en cuanto al acceso a información pública, así como las cifras obtenidas en lo que tiene que ver con el cumplimiento por parte de las entidades públicas.
Francisco Hurtado, Adjunto de Derechos Humanos y de la Naturaleza de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, comentó sobre la experiencia respecto a las mejoras presentadas en el cumplimiento de este derecho por parte de las instituciones públicas y el acercamiento de la Defensoría del Pueblo a las organizaciones sociales para trabajar cnojuntamente en favor de los derechos de la naturaleza.
Finalmente, Pamela Rocha expuso acerca del papel que juega la transparencia y el acceso a la información pública en el aparataje institucional y ciudadano.
En el cuarto y último panel del primer día, denominado “Acceso a la información de víctimas de graves violaciones de derechos humanos”, participaron Alfredo Vargas, Delegado Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Defensoría del Pueblo de Colombia; Andrés Aguirre, Director de Reparación de Víctimas de la DPE; y, Clara Merino, Presidenta Comité de víctimas de delitos y graves violaciones de derechos humanos.
Alfredo Vargas señaló que desde 2005, la Defensoría del Pueblo colombiana ha brindado representación gratuita a 13.000 víctimas del conflicto armado.
Por su parte, Andrés Aguirre recalcó que los archivos son una respuesta necesaria y elemento poderoso para preservar la información y mantener viva la memoria histórica de los Estados en la actualidad.
Clara Merino, Presidenta del Comité de Víctimas de Lesa Humanidad y Graves Violaciones de derechos humanos, indicó que la Ley de Reparación a Víctimas no contempla una reparación integral.
Durante el segundo día de trabajo se abordó el tema del “Acceso a la información de las personas para el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos”, con la participación de Virginia Gómez de la Torre, Presidenta de la Fundación Desafío y Ana Almeida, Coordinadora del Proyecto Transgénero.
Virginia Gómez de la Torre puntualizó que la información para acceder a un aborto seguro tiene que ver con el acceso a los ‘capitales sociales’; es decir, a información pública y respuesta del Estado.
Ana Almeida subrayó que el buen discurso, sin recursos es solamente retórica, y se debe promover el acceso a la información para el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos.
El segundo panel estuvo compuesto por Alfonso Morales, Subsecretario de Protección Internacional de la Cancillería; Javier Arcentales, Asesor institucional de la DPE; y Daniela Ubidia, experta en temas de movilidad humana.
Alfonso Morales señaló que el derecho a recibir información pública se da por autorización escrita que permita el acceso a sus datos, a fin de precautelar otros derechos.
Javier Arcentales enfatizó que se debe volver la mirada a la Constitución ecuatoriana, que consagra el derecho a migrar (Art. 40), y ubicarla desde el ámbito y enfoque de los derechos humanos.
Daniela Ubidia, experta en temas de movilidad humana, recalcó que en caso de violaciones de derechos humanos de personas en situación de movilidad humana, no existirá restricción de ninguna institución del Estado para negar la información y el derecho a información pública.
El tercer panel de la jornada estuvo integrado por Víctor Jácome, Director Nacional de Inserción Social y Familia del Ministerio de Justicia y, Gabriela Hidalgo, Directora del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura de DPE para tratar el acceso a la información de las personas privadas de libertad.
Víctor Jácome señaló que la entidad utiliza las reglas de Mandela cuando una persona ingresa a los centros penitenciarios en el país, y puede solicitar información sobre su situación de detención el momento que lo requiera.
Por su parte, Gabriela Hidalgo subrayó que el derecho a información pública es fundamental para las personas privadas de libertad, ya que es una salvaguarda efectiva para evitar tortura y tratos crueles o degradantes.
El cuarto panel fue abordado por Paúl Mena, docente de la UDLA; Desirée Yépez, Directora de Contenidos de Fundamedios; y Luis Ángel Saavedra, Director Ejecutivo de INREDH.
Luis Ángel Saavedra señaló que se debe fiscalizar los recursos públicos y profundizar la exigibilidad para acceder a información pública como un ejercicio pleno de derechos.
Desirée Yépez, Directora de Contenidos de Fundamedios, puntualizó que el ejercicio del derecho a información pública no se garantiza en una ley, sino el cumplimiento del propio Estado de facilitar la información que se requiere.
Paúl Mena, docente de la UDLA, recalcó que la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública es una herramienta útil y ‘materia prima’ para garantizar nuestro derecho a la información pública en el territorio ecuatoriano.
Finalmente, el último panel de la jornada se denominó “Políticas públicas y buenas prácticas del acceso a la información pública en la región” y estuvo compuesto por Herminia Funes, Comisionada del Instituto de Acceso a Información Pública de El Salvador; Andrea Ruiz, Directora General del Consejo de Transparencia de Chile y, Verónica Romero, Directora de Acceso a la Información del Ministerio de Justicia de Paraguay.
Andrea Ruiz, señaló que el Consejo efectúa la promoción y capacitación ciudadana sobre acceso a información pública, y que cuentan con un portal con información de todas las instituciones públicas inscritas, el cual brinda un servicio “en línea” a la ciudadanía.
Herminia Funes, Comisionada del Instituto de Acceso a Información Pública de El Salvador, enfatizó que romper con la cultura del secretismo ha sido un reto muy grande en muchos países de la región para avanzar en la consolidación del derecho a información pública.
Verónica Romero, Directora de Acceso a la Información del Ministerio de Justicia de Paraguay, concluyó que la voluntad política de la entidades del Estado para el cumplimiento del derecho al acceso a la información pública ayuda a la ciudadanía a ejercerlo.
Finalmente, Christian Pérez, Director Nacional de Transparencia y Acceso a Información Pública de la DPE, brindó el cierre del VII Encuentro Académico Internacional por la Semana de la Transparencia. Pérez agradeció por las importantes aportaciones de cada uno de los y las participantes, que sin duda permiten mejorar las acciones de las instituciones por garantizar a la ciudadanía el acceso a la información pública, y de esta manera el cumplimiento de sus derechos.
Este VII Encuentro Internacional por la Semana de la Transparencia permitió compartir experiencias nacionales e internacionales sobre el derecho de acceso a la información pública, identificar los retos y desafíos en esta materia para mejorar día a día.