La Defensoría del Pueblo del Ecuador, tiene como principal objetivo el velar por la protección y tutela de los derechos de todas y todos los ecuatorianos, pues ejerce la magistratura ética en materia de derechos fundamentales, por ello, expresa su total preocupación por las múltiples denuncias de amenazas y agresiones que han sufrido en el contexto del paro nacional, varios servidores públicos, trabajadores y en particular personal de la salud que, en el ejercicio de sus labores públicas o privadas, dependientes o independientes, ya que ciertos manifestantes estarían exigiendo el pago de “salvoconductos” o “dádivas” para permitirles cumplir sus actividades de trabajo.
Éstos lamentables hechos, evidentemente transgreden los preceptos constitucionales recogidos en los artículos 33 y 325 de la Carta Magna, en los cuales se garantiza toda modalidad de trabajo (público o privado – dependiente o independiente), y estarían vulnerando el ejercicio del derecho al mismo, de las personas afectadas, esto, sin lugar a dudas, resquebraja otros derechos fundamentales como lo son la vida y la salud de otros ciudadanos.
Ante estos acontecimientos denunciados, insistimos que en el ejercicio de los derechos de libertad de asociación (Art. 66 CRE) y de resistencia (Art. 98 CRE), no se puede soslayar otros derechos consagrados en la Constitución.
En este contexto, la Defensoría del Pueblo del Ecuador, en el ámbito de sus competencias constitucionales y legales, exhorta:
a. A las personas manifestantes:
• A ejercer su derecho a la protesta de manera pacífica dentro del marco constitucional del respeto a los derechos humanos.
• A abstenerse de amenazar u obligar a otras personas a que se sumen a su protesta dejando a salvo su derecho a la resistencia.
• A no impedir ni obstaculizar las labores de los profesionales de la salud, equipos de rescate y cualquier otra actividad laboral reconocida en el ordenamiento jurídico ecuatoriano.
b. A la Fiscalía General del Estado:
• A investigar las denuncias de amenazas, agresiones y limitaciones al ejercicio del derecho al trabajo; y de las labores de rescate de profesionales de la salud, en el contexto del paro nacional, garantizando el debido proceso conforme lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador y demás normativa vigente.
c. A la fuerza pública:
• A tomar acciones de forma profesional acorde con su rol en el marco del respeto a los derechos humanos y evitar hechos de violencia en sus respectivos procedimientos.
d. A la administración de justicia:
• A ejercer y aplicar el marco constitucional y legal garantizando el debido proceso en sus acciones.
Dr. César Córdova
Defensor del Pueblo de Ecuador (e)
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