El martes, 15 de enero del presente, Gina Benavides, Defensora del Pueblo (e), compareció ante el Pleno de la Asamblea Nacional en sesión N. 565, para brindar aportes en cuanto al proyecto de Ley Orgánica reformatoria del Código Orgánico Integral Penal (COIP) referente a la despenalización del aborto por violación, incesto y malformaciones genéticas.
Durante la sesión del Pleno, intervinieron varios Asambleístas, quienes plantearon sus posturas frente a las reformas que se están presentando al COIP, y que se encuentra en trámite a la Comisión de justicia de la Asamblea Nacional.
Esther Cuesta, Asambleísta por Europa, Asia y Oceanía, presentó sus argumentos en relación al aborto no punible, enfatizando en que las mujeres deben decidir sobre su propio cuerpo. Además señaló “Este no es un tema religioso, sino un tema de derechos,” refiriéndose a países como Reino Unido, donde despenalizaron el aborto en 1967, y en Italia en 1978, pese a ser un país eminentemente católico.
Por su parte Sebastián Palacios enfatizó durante su ponencia en que “no se habla de promocionar un aborto, sino de cuántas mujeres violentadas son obligadas a ser madres. En 2013 se quiso tratar este tema en la Asamblea. Si se aprobaba en esa época, al menos 10 mil niñas hubiesen podido elegir.”
Gina Benavides, Defensora del Pueblo, durante su intervención expresó su preocupación sobre las cifras referentes a embarazos de niñas y adolescentes, y la violencia naturalizada en contra de niñas y mujeres, por ello, instó a la Asamblea Nacional para que tramite las reformas al Código Orgánico Integral Penal, con el fin de despenalizar el aborto en casos de violación, incesto y por graves malformaciones genéticas. Además manifestó que el legislativo tiene la oportunidad de precautelar los derechos de las niñas y mujeres del país, asegurando así el desarrollo progresivo de derechos y la plena efectividad de los mismos.
Señaló además que el Comité de Derechos Humanos observa con preocupación que el nuevo Código Orgánico Integral Penal criminaliza la interrupción voluntaria del embarazo, salvo cuando se practique para “evitar un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada y si este peligro no puede ser evitado por otros medios” y cuando el embarazo haya sido consecuencia de la violación “en una mujer que padezca discapacidad mental”, lo que habría llevado a muchas mujeres embarazadas a continuar buscando servicios de aborto inseguros que pondrían en peligro su vida y su salud.
Para finalizar, la Defensora del Pueblo expresó que la institución ha tenido una posición pública clara en relación a la despenalización del aborto en materia de violación e incesto, posición que se fundamenta en el contexto social de riesgo que existe en el país. Mencionó que en el país existe riesgo por ser mujer, y que el riesgo está presente en todos los espacios, lo que exige a todos a actuar con eficacia.
“El Estado ecuatoriano necesita hacer un cambio en sus reflexiones, necesitamos promover el debate y ser consecuentes con la Constitución, la ética laica tiene que prevalecer, esa ética que nos condiciona a todos los funcionarios del Estado a no responder por nuestras convicciones personales, sino efectivamente a promover el reconocimiento de la pluralidad, el reconocer que hay una realidad que debe cambiarse”.
Video de intervención de Gina Benavides