A la Delegación Provincial de Pichincha de la Defensoría del Pueblo llega el caso de un ciudadano con discapacidad intelectual que se encuentra privado de la libertad como parte de una medida preventiva ante la presunta violación de una orden de alejamiento que interpusieron sus vecinos.
La hermana del ciudadano se acercó a la Defensoría del Pueblo asegurando que ninguna autoridad jurisdiccional aceptó en la audiencia de flagrancia los documentos relativos a la discapacidad intelectual del ciudadano y que incluso había recibido actitudes displicentes por parte de las mismas.
En ese sentido la Institución Nacional de Derechos Humanos, dentro de los mecanismos de exigibilidad y garantía de derechos, inicia una Providencia de Admisibilidad de Vigilancia del Debido Proceso y dispone una visita in situ al Centro de Detención Provisional de la Ciudad de Quito, ubicado en el sector del Inca, para verificar las condiciones en las que se encuentra el ciudadano y si está como corresponde en pabellón de atención prioritaria.
En la audiencia, ante la fundamentación realizada en la Providencia de Admisibilidad el Juez que presidía el caso dispuso la libertad inmediata de la persona privada de la libertad debido a que el hecho investigado no constituía delito.
Funcionarios de la Defensoría del Pueblo realizaron los respectivos oficios y la orden de excarcelación para que el ciudadano recobre su libertad de forma inmediata como se dispuso, para que luego sea trasladado al Hospital Psiquiátrico Julio Endara debido a su condición mental. Además de vigilar el debido proceso se garantizaron los derechos del ciudadano en doble condición de vulnerabilidad.