Gina Benavides, Defensora del Pueblo, apeló ante las entidades públicas para que se cumpla con lo establecido en la Constitución y en el mandato que tiene la Defensoría del Pueblo para “velar por la naturaleza y los derechos humanos en conjunto e interrelacionados, por ser sinérgicos, ya que las afectaciones que se producen en la naturaleza tienen consecuencias concretas, en los pueblos, colectividades e incluso impactos en su propia concepción ancestral, ya que el territorio es fuente de vida para estos pueblos”.
En este sentido, la Defensoría del Pueblo de Ecuador, a través del Delegado Provincial de Sucumbíos, Jorge Acero, activó una acción defensorial frente a la actividad minera y alertó sobre la amenaza de desaparición del pueblo Ai Cofán en Sinangoe y otras zonas aledañas, cuyo territorios mantienen la riqueza natural más grande del país, y que sería afectada debido a que el Ministerio de Minas sigue entregando concesiones para minería en dicha localidad.
Por ello, la Institución Nacional de Derechos del Ecuador ratifica la acción de protección y solicitud de medidas cautelares interpuesta ante el Ministerio de Minas y la Agencia de Control Minero, para exigir la suspensión de las éstas actividades y, adicionalmente, demandar al Ministerio de Ambiente y Secretaria del Agua por tener la responsabilidad constitucional de proteger el ambiente, naturaleza, el agua; y por ende, la salud y alimentación de los pobladores, derechos que no han sido protegidos por estas entidades del Estado ecuatoriano.
Alex Lucitante, Defensor de Derechos Humanos de la Comunidad Ai Cofán en Sinangoe, hace alusión a la preocupación de la comunidad ante la presencia de la actividad minera -desde enero del presente año- en las riberas del río Aguarico, centro de vida para la provincia de Sucumbíos, que cobija a varias comunidades del sector, por ser fuente proveedora de alimento ya que son pueblos que viven de la pesca, actividad que -producto de la contaminación- está afectando la salud de la comunidad y la convivencia pacífica y cultural de dicho pueblo.
De las investigaciones defensoriales realizadas, al interior de la comunidad, se pueden divisar claramente las maquinarias y, además, se ha encontrado 20 concesiones mineras entregadas por el Ministerio de Minas y 32 que están en trámite, otorgadas de manera inconsulta, irrespetando el derecho a la consulta previa de los habitantes de dicho territorio ancestral, que utilizan el río como centro de su plan de vida. También, se resaltó que estas actividades mineras serán ejecutadas por un lapso de 28 años, sin considerar que la afectación producida por las excavaciones es de, alrededor, 30 mil hectáreas que están ubicadas en la cabecera entre el río Chiguán y el río Cofanes, que dan origen al río Aguarico, fuente fundamental de vida para Lago Agrio y todos sus habitantes.
La Defensoría del Pueblo está alerta a la decisión que adopte la instancia judicial correspondiente para que los derechos humanos y de la naturaleza de la comunidad ancestral Ai Cofán en Sinangoe no sigan siendo vulnerados por la actividad minera que se desarrolla en dicha zona de la Amazonía ecuatoriana.