Representantes de la Defensoría del Pueblo y la Defensoría Pública interpusieron una acción de protección a favor de seis niños/as y adolescentes venezolanos, a quienes se les impidió el ingreso a Ecuador por la frontera sur del país, para que pudieran trasladarse a Perú a reunirse con sus familiares.
La entidad migratoria, al no admitir ninguna excepción de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 826, el cual dispone que “a partir del 26 de agosto de 2019 todo ciudadano venezolano requiere visa para su ingreso a Ecuador”, impidió que los menores de edad se trasladen hacia Perú para reunirse con sus familiares, desencadenando así un escenario de exposición a redes de trata y tráfico de personas.
El Juez de la Unidad Judicial de Huaquillas declaró la vulneración del principio del interés superior del niño, el derecho a la libre movilidad, a la reunificación familiar y dispuso que Migración de Huaquillas, de forma inmediata, selle la entrada y salida del país de los menores de edad y, como garantía de no repetición, ordenó que en 30 días presente un programa de capacitación para todo el personal, sobre derechos humanos con enfoque de movilidad de niñas, niños y adolescentes.
La Institución Nacional de Derechos Humanos ratifica su compromiso de tutela de los derechos humanos de grupos en situación de vulnerabilidad, de ser necesario, a través de estrategias conjuntas con instituciones competentes que permitan facilitar el cumplimiento de la ley y los códigos jurídicos en la materia.