La Defensoría del Pueblo de Ecuador realizó la socialización de la Resolución Defensorial No.073-DD-DPE-2018, en el marco del Decenio Afrodescendiente, con la presencia de representantes de organizaciones sociales como David Quiñónez, Secretario de la Comisión Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil Afroecuatoriana; Tania de Jesús, en representación de la Organización de Mujeres Negras de Imbabura y Carchi; Víctor Arroyo, representante de la comuna Río Santiago; y, Líder Góngora Farías, representante de la Mesa de Organizaciones de la Sociedad Civil y Comunidades de Muisne.
Gina Benavides, Defensora del Pueblo (e), enfatizó que esta resolución responde a la necesidad de las organizaciones de la sociedad civil afroecuatoriana, que han planteado a la Defensoría del Pueblo el poder retomar un compromiso adquirido por el Estado ecuatoriano para impulsar el Decenio Internacional por los Derechos de las Personas Afrodescendientes.
La titular de la Institución Nacional de Derechos Humanos del Ecuador señaló que después de firmado el Decreto Ejecutivo N° 915, en febrero de 2016, no se han concretado acciones específicas para dar lugar y cumplimiento al mandato que estableció Naciones Unidas de trabajar en un plan de acción específico. En ese contexto, la Defensoría del Pueblo ha articulado acciones para dar cuenta de los avances de este compromiso adquirido por el Estado sobre las gestiones desarrolladas.
Por ello, la Defensoría del Pueblo de Ecuador emitió la Resolución No. 073-DD-DPE-2018 como respuesta a una petición de la Comisión Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil Afroecuatoriana del Decenio, para que se cumpla con el mandato de la resolución, estableciendo líneas de acción basadas en los estándares internacionales de Derechos Humanos sobre la importancia del Decenio, y abordar los principales problemas que enfrenta la población afrodescendiente tales como despojo de tierras y territorios, inexistencia de consulta y participación, desplazamientos forzosos, discriminación generalizada, criminalización y crímenes a personas afroecuatorianas.
Sobre el Decenio Afrodescendiente, en la resolución se exhorta al Presidente de la República para que implemente las resoluciones 68/237-2013 y 69/16 de Naciones Unidas, como también a la Asamblea Nacional para que expida una ley que garantice los derechos de los pueblos afroecuatorianos, que contengan acciones afirmativas como medidas de reparación por la discriminación histórica y exclusión de la estructura del Estado a la que han sido sometidos.
Benavides enfatizó que “el rol institucional es la promoción y protección de los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales, con visión intergeneracional, de género, de etnia, para reparar a las “víctimas históricas del racismo y la discriminación”.
Tania de Jesús, David Quiñonez, Víctor Arroyo y Líder Góngora, en representación de las organizaciones de la sociedad civil afroecuatoriana, manifestaron que este documento constituye un paso importante para ejercer sus derechos, enfatizaron en el reconocimiento por la gestión de la Defensoría del Pueblo que ha hecho posible el contar con ésta herramienta que permita la visibilización del pueblo afrodescendiente que se mantiene en una lucha histórica por su reivindicación y el respeto a los derechos humanos.