Gina Benavides, Defensora del Pueblo, realizó la entrega de la Resolución defensorial en respuesta al mandato de las mujeres amazónicas que están en activismo permanente por la defensa de sus derechos y sus territorios ancestrales, para la reivindicación de sus derechos frente a vulneraciones de los mismos, debido a los procesos de extractivismo en sus propias comunidades.
El 31 de julio de 2018, las mujeres amazónicas presentaron la petición de acompañamiento a sus procesos de denuncia, por agresiones sistemáticas en contra de la naturaleza y sus pueblos, y entregaron el Mandato de las “Mujeres amazónicas defensoras de la selva de las bases, frente al extractivismo”. Posteriormente, en octubre insisten en su pedido, señalando que el mandato es el resultado de un proceso de consultas comunitarias que tuvo como expresión final la Asamblea de Mujeres en Puyo, en cuyo documento final se manifiesta el rechazo a concesiones petroleras y mineras reivindicando su visión propia al desarrollo, y conservación de sus territorios, en especial, cuando se afecta el agua, y que se finiquiten los convenios que se realizan sobre sus territorios, denunciando la mala fe en los procesos de consulta previa libre e informada, ya que no existen garantías de seguridad en sus territorios. Por último, piden amnistías por la criminalización que han sufrido los y las líderes comunitarios.
En este sentido, la Defensora del Pueblo señaló que la resolución defensorial entregada se enmarca en seis puntos fundamentales que contienen recomendaciones puntuales y que las entidades mencionadas en los exhortos deben brindar respuestas adecuadas en tutela de los derechos específicos como al ser mujeres, pertenecer a comunidades indígenas y ser activistas permanentes por la defensa del ambiente y la naturaleza de sus territorios ancestrales, frente a las actividades de extracción minera y explotación petrolera violentas.
Las disposiciones generales de la Resolución de la Defensoría del Pueblo de Ecuador (DPE) para las “Mujeres Amazónicas” son una serie de exhortos a varias instituciones del Estado que deben garantizar sus derechos, en el que se incluya la perspectiva de interculturalidad y género, para que sus propios derechos y la diversidad natural de sus territorios ancestrales no sean afectados ni vulnerados.
Por ello, se exhorta a la Presidencia de la República a considerar los enfoques de género, interculturalidad y el derecho de las mujeres a tener una visión propia del desarrollo; al Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, a tomar en cuenta el análisis de derechos de la presente resolución, en especial lo referente a consulta previa, libre e informada y la necesidad de analizar los derechos culturales de pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, priorizando los derechos de las mujeres y su participación en igualdad de condiciones.
Además, se pide al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) a impulsar las reformas necesarias con el fin de que los procesos de consulta previa, libre e informada y consulta ambiental, sean gestionados y ejecutados desde la Función de Transparencia y Control Social (FTCS), y que emita las directrices para que dichos procesos se ajusten a los estándares internacionales, incluyendo la perspectiva de género e interculturalidad. Ésta tarea debe hacerse conjuntamente con la Asamblea Nacional quien debe efectuar las reformas necesarias a la normativa vigente, a fin de que los mecanismos de participación social se promuevan exclusivamente desde la FTCS.
También, que el Consejo de Igualdad de Género supervigile que la respuesta dada desde todas las funciones del Estado, al mandato de las mujeres amazónicas, incorpore de manera adecuada la perspectiva de género; y, que el Consejo de Igualdad de Pueblos y Nacionalidades evalúe, de manera permanentemente, la situación de las mujeres amazónicas y que las respuestas del Estado incorporen la perspectiva intercultural.
En el ámbito interno, la máxima titular de la DPE enfatizó que las oficinas provinciales y zonales levantarán la información sobre defensores y defensoras de derechos humanos y de la naturaleza, incorporando en el proceso la perspectiva de género e interculturalidad; y, desarrollar directrices de protección para estas personas, de tal manera que destaquen su identidad, labor, contextos y la necesidad de una debida diligencia en las investigaciones, que permitan a la Fiscalía General del Estado cumplir con este ámbito de trabajo.
Por último, Benavides señaló que conformará un equipo institucional que con la participación de las mujeres amazónicas, elaborará un informe sobre las agresiones sexuales reportadas en el mandato de las mujeres amazónicas entregado a la Institución Nacional de Derechos Humanos, sin interferencia de actores que han vulnerado sus derechos, y vinculando el apoyo de ONU-Mujeres en el proceso.
De esta manera, la Defensoría del Pueblo pretende aperturar un diálogo franco y respetuoso con el Gobierno Nacional para que cada una de las entidades del Estado ecuatoriano asuman las recomendaciones y propendan al respecto de los derechos de las mujeres amazónicas. De igual manera, hace un llamado al Legislativo y las Funciones de Justicia, y de Transparencia y Control Social, para que trabajen mancomunadamente en la tutela y promoción de los derechos de las lideresas de las comunidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana, en el ámbito de sus mandatos constitucionales.