El domingo 2 de abril la ciudadanía ecuatoriana, en ejercicio de su derecho constitucional de elegir y en cumplimiento de su obligación de sufragio, elegirá a sus nuevos gobernantes. Ante este acontecimiento democrático, que fortalece la participación ciudadana, el Defensor del Pueblo expresa:
Vivir en libertad y sin violencia es un derecho constitucional de los ecuatorianos y ecuatorianas, sin excepción. Por ello, todo acto democrático de participación debe realizarse en un ambiente de paz, respeto del orden público y los derechos humanos.
Pensar diferente y tener distintas opciones políticas es válido en democracia, pero ello debe acompañarse del respeto a la voluntad ciudadana libremente expresada en las urnas; por tal motivo es deber ciudadano rechazar categóricamente cualquier tipo de violencia sean estos insultos, intolerancia política, amenazas o agresiones.
Desde tiempo atrás existen voces que, a través del rumor y la mentira, intentan quebrar la confianza en las instituciones electorales del país, en los servidores públicos, en los observadores nacionales e internacionales y en los propios ciudadanos y ciudadanas que, de distintas formas, el día de las elecciones serán parte del proceso electoral. Estas prácticas son inmorales e ilegítimas, y contradicen la ética que debería ser el norte de los actores políticos.
En un estado de derecho, cualquier denuncia debe formularse mediante los procesos institucionales correspondientes y no sólo a través de los medios de comunicación, únicamente con el fin de deslegitimar un proceso.
Es fundamental que la ciudadanía evite y rechace cualquier expresión que aliente a la conmoción social. La libertad de expresión tiene límites necesarios para garantizar los derechos y preservar la seguridad y reputación de las personas. Los líderes que cuentan con la confianza de sus partidarios deben producir mensajes consecuentes con los derechos de las personas y ser socialmente responsables.
En el caso de los medios y usuarios de redes sociales, una difusión respetuosa de mensajes es esencial. La comunicación es un derecho y una oportunidad para debatir, replicar, cuestionar y proponer. Sin embargo, el mal uso la deforma y convierte en arma de difamación, lapidación e irrespeto.
Garanticemos, todos y todas, que la fiesta democrática sea un proceso pacificador. Reconozcamos los resultados electorales independientemente de la organización política a la que favorezcan y con ello aceptemos, con profunda madurez cívica, que el gobierno que se elegirá no es de una mayoría sino para todos los ecuatorianos. El futuro del país no depende únicamente de sus gobernantes sino fundamentalmente de saber enfrentar los retos como sociedad de manera unida y solidaria, haciendo prevalecer en todo momento el interés y bien común.
Por nuestra parte, en virtud de las competencias de protección de los derechos humanos que nos son inherentes, estaremos vigilantes para la preservación de la paz en el proceso electoral. Invitamos a los sujetos políticos, medios, actores sociales y habitantes, a proteger la integridad de las personas.
Con convicción democrática comprometamos nuestros esfuerzos por la vigencia de los derechos humanos. Es el momento de construir, de transformar y defender la dignidad
Ramiro Rivadeneira Silva
Defensor del Pueblo