Ante la eminente afectación a las comunidades por la contaminación de los ríos debido a la actividad minera que se desarrolla en la provincia de Esmeraldas en los cantones de Eloy Alfaro y San Lorenzo, el 24 de marzo de 2011, el Juez Sexto de Garantías Penales Multicompetente del cantón San Lorenzo (lugar donde se encuentra el caso) concedió la medida cautelar interpuesta por la Defensoría del Pueblo, para evitar que continúen las afectaciones a las comunidades de la zona.
La Defensoría del Pueblo, en la audiencia realizada el 04 de junio de 2018, evidenció la falta de cumplimiento de lo dispuesto en la medida cautelar, por parte del Ministerio de Minería y Agencia de Regulación y Control Minero; Ministerio de Salud Pública; Ministerio del Ambiente; Secretaría Nacional del Agua; Secretaría General de Riesgos y los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales de San Lorenzo y Eloy Alfaro.
En consecuencia el juez mediante auto de 12 de julio de 2018, amplió la medida cautelar concediendo el plazo de 30 días para su cumplimiento, y ordenó nuevamente la suspensión de toda clase de explotación minera en las comunidades afectadas; además, dictaminó que se realice un diagnóstico de la salud de los miembros de la población; un informe y mapa de las afectaciones al medio ambiente y que se provea de la dotación permanente de agua potable.
Cumplido el plazo determinado el 10 y 12 de septiembre de 2018 la Defensoría del Pueblo visitó las comunidades afectadas de los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo con la finalidad de verificar de manera directa el cumplimiento o incumplimiento de lo dispuesto por el Juez. Esta información será presentada en audiencia de 29 de octubre de 2018 ante la autoridad judicial.
Es importante señalar que las comunidades afectadas no pueden desarrollar su vida en un ambiente contaminado y sin la atención del Estado. La contaminación ambiental y de la naturaleza que se produce en la zona de forma indiscriminada por la actividad minera, vulnera sus derechos a la salud; a vivir un ambiente sano, considerando además que los Derechos de la Naturaleza, están reconocidos en la Constitución y en Instrumentos internacionales de derechos humanos.
En este sentido, la Defensoría del Pueblo espera que, en cumplimiento del derecho a la tutela judicial efectiva, en la próxima y definitiva audiencia el Juez de la Unidad Multicompetente de San Lorenzo, declare el evidente incumplimiento de la resolución y en consecuencia se pronuncie y aplique las sanciones ejemplares en contra de los funcionarios que han hecho caso omiso a su decisión poniendo en riesgo vidas humanas, de familias ecuatorianas que por décadas han esperado el accionar del Estado a través de sus distintas carteras y niveles de poder.
Gina Benavides Llerena
Defensora del Pueblo (e)
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