Los hechos de violencia e inseguridad ocurridos en el Ecuador deben ser atendidos de manera inmediata por el Estado.
Ante la conmoción nacional generada por los hechos violentos ocurridos en el país y la afectación a las víctimas directas e indirectas, la Defensoría del Pueblo de Ecuador recuerda el deber que tiene el Estado, en su conjunto, de proteger, respetar y garantizar los derechos de todos y todas; más aún, en el contexto de crisis de seguridad.
La Constitución de la República del Ecuador (CRE) en el numeral 1 del artículo 3 determina que, uno de los deberes primordiales del Estado es “Garantizar sin discriminación el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales (…)”; también, en el numeral 3 del artículo 11 de la CRE se señala que “Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.”
En este contexto, la Defensoría del Pueblo de Ecuador, como Institución Nacional de Derechos Humanos, en el marco de sus competencias, REPUDIA los hechos suscitados; por lo que EXHORTA a las entidades competentes a aunar esfuerzos que conlleven al mejoramiento de la calidad de vida, en cuanto a la seguridad e integridad de los habitantes del Ecuador; concibiendo a la seguridad ciudadana como el conjunto de acciones que conlleven a consolidar la convivencia pacífica, el respeto a los derechos humanos y la prevención de todo tipo de violencias, a través de la interacción de actores públicos, privados y con la participación de la ciudadanía.
Especialmente al Gobierno Nacional, que a través de las instituciones encargadas de aplicar políticas públicas de seguridad como el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, a cumplir de manera urgente y permanente con acciones que indiscutiblemente deben observar un enfoque de derechos humanos, que garanticen la vida y la integridad personal de todas las personas que habitan en el territorio nacional; retomar el orden público y la unidad nacional; a atender los problemas que se derivan de la desigualdad y pobreza, en lugar de criminalizarla.
A la Fiscalía General del Estado, que en el marco de sus competencias, cumpla su rol de dirigir las investigaciones y la garantía de acceso a la justicia.
A la Función Judicial, a promover una administración de justicia eficiente, eficaz, efectivo, íntegro, oportuno, intercultural y accersible.
A la Asamblea Nacional, a través de su facultad normativa, agilitar la aprobación de leyes que son tratadas a su interior, alejadas del populismo penal o con enfoque seguritista. La Institución Nacional de Derechos Humanos, desde su rol de incidencia normativa y en política pública, acompañará la construcción de todas las iniciativas que permitan a la ciudadanía contar con la seguridad integral frente a la oleada de violencia que afecta al país.
Esta INDH se mantendrá alerta en todo el país de forma permanente y vigilante, en el marco de sus competencias previstas en la Constitución e instrumentos internacionales, para que las autoridades de las instituciones señaladas cumplan con sus obligaciones. Exigimos la construcción de un país donde prime una sociedad segura y libre de violencia.
Dr. César Córdova Valverde
DEFENSOR DEL PUEBLO DE ECUADOR (E)
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