El Colectivo Nacional “Fuera Impuesto Verde” ha solicitado a la Defensoría del Pueblo de Ecuador su intervención frente al incremento del Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular (IACV), determinado en la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de Ingresos del Estado. Esta normativa establece la creación de un impuesto a los vehículos, tomando en consideración el cilindraje (mayor a 1500cc) y su antigüedad; y dispone, desde enero de 2019, el pago del 100% del tributo.
La Defensoría del Pueblo de Ecuador, como Institución Nacional de Derechos Humanos y de la Naturaleza, en consideración de lo que establece la Constitución, ratifica que el Estado debe garantizar el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir; y que siendo de interés público la preservación del ambiente y la prevención del daño ambiental, es necesario que el Estado establezca políticas públicas que contribuyan al mejoramiento del ambiente y desincentiven las prácticas contaminantes.
Sin embargo, esta institución expresa su preocupación frente a los criterios y parámetros determinados en la referida normativa; pues, si bien busca premiar los procesos que contribuyan al mejoramiento del ambiente y desincentivar las prácticas contaminantes, incumple con los objetivos que inspiraron su creación:
– El principio “quien contamina, paga”[i], determina la obligación que tenemos las personas de responsabilizarnos por los niveles de contaminación que generamos. Sin embargo, esta normativa aplica el impuesto al cilindraje y antigüedad de los vehículos, y no al nivel de contaminación que producen;
– La finalidad de un tributo ambiental debe incentivar a las personas a asumir conductas ecológicas, sociales y económicas responsables; al ser el IACV un “impuesto ambiental”, los recursos recaudados deberían estar destinados al sostenimiento de políticas ambientales; sin embargo esto no está claramente establecido en la ley.
– Según información provista por el Ministerio del Ambiente, el subsector transporte representa el 21% y genera 16.87 millones de toneladas de dióxido de carbono de las emisiones nacionales[ii]; evidenciando que la contaminación es generada por todo el sector de transporte. El IACV establece algunas exenciones, sobre todo al transporte público. Las políticas de gestión ambiental deberían aplicarse de manera transversal y ser de obligatorio cumplimiento para todo tipo de transporte.
La Defensoría del Pueblo, además muestra su preocupación por que de acuerdo a los reclamos presentados por varios propietarios de vehículos, priorizar el pago de los valores de este impuesto limita el acceso a otro tipo de derechos económicos, sociales y culturales, como trabajo, salud, educación, vivienda entre otros.
Frente a esta situación, la Defensoría del Pueblo, EXHORTA:
– Al Presidente de la República del Ecuador, como proponente de esta Ley, a modificar el IACV, de manera que se garantice la aplicación de los principios de: quien contamina, paga; generalidad (no exenciones con vehículos que generan contaminación); eficiencia; equidad; transparencia; y, que los recursos recaudados se destinen a políticas ambientales.
– A la Asamblea Nacional que genere un procedimiento participativo, transparente, técnico e incluyente para lograr que la medida tributaria ambiental contribuya al mejoramiento del ambiente y desincentive las prácticas contaminantes.
– A la Contraloría General del Estado, en el marco de sus competencias, inicie las investigaciones respecto del uso y destino de los fondos recaudados por este impuesto hasta la actualidad.
[i] Organización de las Naciones Unidas, Principio 16 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, junio de 1992. / Texto Unificado de Legislación Secundaria de Medio Ambiente.
[ii] Oficio No. MAE-MAE-2018-18-58-O de 6 de noviembre de 2018, dirigido a la Sra. Lic. Jeannine del Cisne Cruz Vaca.
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