La Defensoría del Pueblo de Ecuador, Institución Nacional de Derechos Humanos, expresa su profunda preocupación y rechaza los hechos ocurridos el 01 de enero de 2019 en Mirador, barrio rural del cantón Ambato. Un joven y un adolescente fueron retenidos e incinerados por un grupo de habitantes de esta zona del país: uno de ellos perdió la vida, mientras el otro se encuentra en cuidados intensivos después de este violento ataque.
El linchamiento constituye un atentado grave a la dignidad humana porque atenta los derechos humanos fundamentales y quebranta al sentido de comunidad. Además, responde a una silenciosa trama de desconfianza y temor que sustituyen los lazos de unidad y solidaridad por acciones de odio y violencia. Esta práctica debe ser censurada y bajo ningún punto de vista debe ser confundida con la Justicia Indígena, derecho colectivo reconocido constitucionalmente y que varias comunidades del país la ponen en práctica cotidianamente sin afectar los derechos de las personas.
Nada justifica que los ciudadanos cometan actos violentos a nombre de la justicia. Al mismo tiempo, es necesario analizar las limitaciones en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, al igual que la desconfianza ciudadana en la administración de justicia, causas estructurales que dan cabida a la práctica del linchamiento. Como ya ocurrió en la parroquia de Posorja en octubre de 2018, este tipo de actos se producen usualmente debido a la ausencia del Estado y a omisiones en materia de derechos humanos que no son garantizados, dejando a personas y comunidades en indefensión y riesgo permanente.
El hecho ocurrido en Mirador adquiere mayor gravedad por cuanto una de las personas atacadas es un adolescente, y en tal virtud forma parte de un grupo de atención prioritaria que requiere protección integral, tal y como lo determina la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos.
El lugar de los incidentes es un barrio rural que pertenece a la Parroquia Augusto Martínez del cantón Ambato, una zona de páramo fundamental para el equilibrio ecológico de la provincia, pero en donde los indicadores de cumplimiento de los derechos económicos y sociales son deficitarios. A manera de ilustración: el déficit de servicios básicos domiciliarios en este barrio es 78,6%, mientras que en Ambato es 17%; y, los servicios de saneamiento cubren apenas el 19% de viviendas, mientras que en Ambato es 81,5%. En este contexto, las condiciones de pobreza conducen a los habitantes de estas zonas a sentirse amenazados frente a la posibilidad de ser víctimas de algún delito, como por ejemplo el robo de sus pocas pertenencias. El Estado debe fortalecer su presencia para evitar que este tipo de actos se sigan cometiendo.
No es suficiente el procesamiento penal de los responsables de este hecho. Se debe recordar que el derecho penal y las sentencias que de él se derivan no garantizan la no repetición de los hechos; la amenaza de sanción o la privación de la libertad no es disuasiva.
En ese sentido, se exhorta al Estado, en especial a los Consejos Nacionales de Igualdad, a construir una política integral de prevención de la violencia basada en un enfoque de educación y promoción de una cultura de paz, la cual debe estar vinculada al cumplimiento de obligaciones que garanticen progresivamente el ejercicio de derechos económicos, sociales y culturales.
De igual manera, se insta a todos los órganos estatales encargados de la administración de justicia tales como la fuerza pública, la Fiscalía, jueces, tribunales y cortes, a incrementar sus esfuerzos para consolidar la confianza de la ciudadanía mediante prácticas eficientes y efectivas.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo hace un llamado a la sociedad para sumarse a la construcción de cultura de paz.
Gina Benavides Llerena
Defensora del Pueblo (e)
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