La Defensoría del Pueblo de Ecuador expresa su profunda preocupación y rechazo a los hechos ocurridos en la parroquia rural de Posorja, cantón Guayaquil, por los cuales tres personas, a quienes se consideraba sospechosas de un secuestro de niños, perdieron la vida luego de un ataque violento de ciudadanos de esta zona del país.
La práctica de linchamiento constituye un verdadero flagelo a la dignidad humana y afecta derechos humanos fundamentales como los de no ser privado arbitrariamente de la vida, integridad, libertad personal y garantías judiciales; y además por la forma en que se realiza involucra tratos crueles, inhumanos y degradantes. De esta forma, no sólo que constituye un delito, sino que comporta serias violaciones a los derechos humanos.
Definitivamente, este tipo de prácticas afectan profundamente los fundamentos éticos de la sociedad, pues degrada el valor de la vida y quebranta a la comunidad al sustituir los lazos de unidad y solidaridad por el temor, el odio, la desconfianza y la violencia.
En Estado de Derecho, ningún delito o antecedente penal justifica que sus ciudadanos se tomen la justicia por la mano propia. Los delitos deben ser investigados, juzgados y sancionados por las instituciones correspondientes. El monopolio en el uso de la fuerza y la capacidad de hacer justicia son de competencia del Estado para garantizar un marco encaminado a combatir la impunidad. Le corresponde al Estado generar confianza a la ciudadanía mediante una práctica eficiente y eficaz de la administración de justicia y sus cuerpos de seguridad.
Sin duda, estas acciones limitan la construcción de una sociedad en la cual prevalezca una cultura de paz y respeto a la dignidad y los derechos humanos. Por ello, es prioritario y urgente que las autoridades promuevan el Estado de Derecho como medio para comprobar y sancionar delitos, castigando al mismo tiempo cualquier forma de ajusticiamiento individual o colectivo que conduzca a una reproducción no deseada de la violencia.
Las causas de los linchamientos generalmente están en las condiciones económicas, políticas y sociales que vive una sociedad, y reflejan la debilidad o ausencia del Estado y particularmente las deficiencias del Sistema de administración de justicia. En ese sentido, la respuesta frente a este fenómeno debe atender estas causas estructurales.
Bajo este marco, la Defensoría del Pueblo hace un llamado a las autoridades del Gobierno central, a las de los gobiernos locales, a los medios de comunicación, a los líderes sociales, políticos y religiosos, a los intelectuales y a la sociedad en general a no naturalizar o banalizar este fenómeno, sino por el contrario, a dimensionar la gravedad de este tipo de actos, su impacto sobre la configuración de una sociedad democrática y la necesidad de la generación de respuestas efectivas para su prevención y erradicación.
En ese sentido, hace un llamado especial a los medios de comunicación, quienes cumplen un rol importante en la sociedad ecuatoriana como fuente de información, y también como guías y referentes de opinión, a reflexionar sobre el uso responsable de la información a través de las redes sociales, a fin de no difundir noticias sin sustento y no incentivar la práctica de la violencia.
Además, considera que es preciso que el Estado desarrolle una política integral en contra del linchamiento, basado en un enfoque de prevención y educación que promueva una cultura de convivencia en paz.
La No Violencia es un principio ético que no solo rechaza el uso de la violencia y la agresión en cualquiera de sus formas, sino que es una opción de vida que procura humanizar a la sociedad.
Gina Benavides Llerena
Defensora del Pueblo (e)
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