La Corte Constitucional de Ecuador notificó el pasado 27 de enero de 2020 a la Defensoría del Pueblo, informándole que su solicitud ha sido acogida y, ahora, establecerá la selección de sentencias como medida jurisdiccional para sentar precedentes en la aplicación del principio de paridad de género, pues cumple tres parámetros: gravedad, novedad y relevancia nacional. Se estima que el pronunciamiento se dará a mediados de marzo para que, además, por parte del Estado, se garanticen los derechos fundamentales de todas y todos.
En este sentido, y una vez evidenciado el hecho de que este derecho fundamental se ha vulnerado pese a que la Constitución de la República señala que se debe establecer un sistema electoral conforme a los principios de proporcionalidad, igualdad, equidad, paridad y alternabilidad entre hombres y mujeres, el Defensor del Pueblo, Dr. Freddy Carrión Intriago, amparado en sus atribuciones consagradas en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, envió la solicitud a la Corte Constitucional del Ecuador para que considere la selección de sentencias como medida que permita unificar criterios frente a resoluciones contradictorias y sobre vulneraciones a un mismo derecho, emitiendo una resolución de carácter obligatorio vinculante para que se respete el principio de paridad de género en todo tipo de designación y elección popular de la administración pública.
La Defensoría del Pueblo de Ecuador, en cumplimiento a su mandato constitucional de proteger y promover los derechos humanos y de la naturaleza, presentó a partir de mediados de 2019, 93 acciones de protección debido a que, al menos, 110 municipios del país no habrían considerado a las mujeres para las designaciones en cargos de alcaldías y vicealcaldías, con la finalidad de garantizar el principio de igualdad con criterios de equidad y paridad de género en torno a la participación política de mujeres y hombres.
Hasta este febrero de 2020 se han designado 22 vicealcaldesas como resultado de las acciones de protección presentadas por la Defensoría del Pueblo.
“Para la Institución Nacional de Derechos Humanos es una prioridad revertir una tendencia de retroceso para el país al no respetar el principio de paridad de género como resultado de la diversidad de criterios de varios jueces y juezas en la emisión de sus sentencias negativas ante las acciones de protección presentadas por la Defensoría del Pueblo, lo cual solo ha evidenciado una total afectación al derecho constitucional a la seguridad jurídica, vulnerando el principio de igualdad material bajo criterios de paridad de género.
Permanecemos vigilantes de que este logro se concrete”, resaltó el Defensor del Pueblo.