La Defensoría del Pueblo y la Fundación Surkuna presentaron hoy, ante la Función Judicial, una Acción de Protección con Medida Cautelar con la finalidad a favor de la Nacionalidad Sápara, con el fin de tutelar el derecho a la libre determinación de los pueblos y para garantizar el derecho a la integridad personal y a la vida de los líderes y lideresas. Esta acción está dirigida al Ministerio del Interior y la Secretaría Nacional de Gestión de la Política.
La medida busca cesar la grave vulneración del derecho constitucional a la vida e integridad personal, física y moral de Nema Grefa, Alcides Ushigua, Zaqueo Ruiz y sus familias, así como a otros miembros de la nacionalidad que han sido violentados e intimidados de manera sistemática por su constante lucha contra las actividades extractivas producidas por la XI Ronda Petrolera en la provincia de Napo; esto ha generado, además que Secretaría Nacional de Gestión de la Política desconozca sistemáticamente a los nuevos miembros del Consejo de Gobierno, irrespetando su derecho a la autodeterminación y autogobierno, negando la inscripción de su directiva legítimamente electa.
Gina Benavides, Defensora del Pueblo encargada, señaló que “Ante estas vulneraciones de derechos a los miembros de la comunidad Sápara, se requiere que desde el Estado, en especial desde el Ministerio del Interior se den las garantías específicas para la protección de la vida de las y los defensores de derechos humanos y de la naturaleza que no se ha dado en este tiempo. Estamos hablando de mujeres y hombres indígenas que están enfrentando una situación de inseguridad”. Agregó además, que no se busca que se utilice exclusivamente a la Policía Nacional para este efecto, sino que se espera que se diseñe un plan adecuado a las necesidades y tradiciones de la Nacionalidad.
Esta Acción de Protección tiene como finalidad “que se garantice el derecho a la integridad, el derecho a la vida, a la protección y el respeto del derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, esto es fundamental, son derechos constitucionales que ameritan una respuesta efectiva y estamos acudiendo y confiando en la Justicia Constitucional, queremos que la justicia responda y estamos activando garantías Constitucionales”, afirmó Benavides.
Estefanía Chávez, abogada litigante en el Centro de Apoyo y Protección de Derechos Humanos Surkuna, enfatizó que “en el marco de un Estado intercultural Plurinacional se solicita que se diseñe un sistema de protección que tienda a favorecer el diálogo con la comunidad Sápara, para que dentro de sus prácticas, teniendo en cuenta su contexto y forma de vida se puedan definir de forma conjunta y en diálogo con las personas de la comunidad las mejores medidas de protección que sean adaptadas y culturalmente pertinentes”.
Mediante esta Acción de Protección se solicita a la Justicia Constitucional que se implementen políticas públicas encaminadas a la protección efectiva de las y los defensores de derechos humanos y de la naturaleza, y que se respete la conformación del nuevo Consejo de Gobierno electo en el marco de sus costumbres y tradiciones ancestrales, de autogobierno y se dicten Medidas Cautelares a favor de las personas Sáparas que han sido objeto de persecución y violencia constante.