La Defensoría del Pueblo del Ecuador, como Institución Nacional de Derechos Humanos, expresa su preocupación por las recientes noticias nacionales e internacionales que dan cuenta del número de migrantes ecuatorianos en los tránsitos fronterizos desde Ecuador con destino a los Estados Unidos de América.
Esta situación evidencia la necesidad de fortalecer las políticas estatales que garanticen el derecho a migrar reconocido en la Constitución de la República del Ecuador, pero a la vez, la importancia de planes, programas y proyectos de prevención y adecuada protección a los/las ecuatorianas en situación de movilidad humana, que caen en redes de tráfico de migrantes y de trata de personas.
La crisis derivada por el COVID-19 y los efectos multidimensionales que ha tenido en los derechos económicos, sociales y culturales, principalmente en las zonas rurales del país, empuja a que las personas vean en la migración una alternativa para superar sus problemáticas, de lo cual las redes del tráfico ilícito de migrantes aprovechan para captar nuevas víctimas.
En tal virtud la Defensoría del Pueblo EXHORTA al Gobierno Nacional ecuatoriano a que adopte medidas de carácter integral que atienda la difícil situación económica que atraviesan las familias ecuatorianas, especialmente aquellas que viven en las zonas más periféricas para mitigar las condiciones de vulnerabilidad de las comunidades.
A la vez, pide que el ente rector en materia de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes desarrolle e implemente políticas de prevención orientadas a informar y desincentivar la migración riesgosa que afecta la integridad de las familias; a que se mejoren los mecanismos de detección de traslado ilícito y clandestino de las personas migrantes, a que coordine con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana la adopción de medidas que mejoren la asistencia consular en los territorios de tránsito y destino migratorio de nuestros connacionales, de modo que se alerten situaciones de riesgo y a la vez que se atienda de manera inmediata y oportuna a las víctimas del tráfico ilícito de migrantes, de acuerdo a los protocolos de actuación establecidos para el efecto.
Al Comité Interinstitucional de Coordinación para la Prevención de la Trata de Personas, Tráfico de Migrantes, y Protección a sus Víctimas, a que tome un rol más activo en concordancia a las funciones y atribuciones del Comité.
Al Consejo de la Judicatura para que se continue fortaleciendo el sistema de justicia y se amplíe los acuerdos de cooperación y asistencia internacional para que los casos se judicialicen de manera oportuna y sean sancionadas las personas que actúan en los distintos niveles de la cadena de operación del tráfico ilícito de migrantes, a fin de que este tipo de delitos no queden en la impunidad.
Desde la Defensoría del Pueblo de Ecuador se realizará las gestiones necesarias e incidirá en el establecimiento de acuerdos colectivos con las Instituciones de Derechos Humanos de Iberoamérica, en el marco de la IV Cumbre Iberoamericana de Migración y Derechos Humanos, cuya organización está a su cargo, para que comprometan sus acciones e implementen el protocolo para la prevención y respuesta construido para la atención de las personas en contextos de movilidad humana.
De esta manera, la INDH de Ecuador ratifica, una vez más, su compromiso en la tutela y defensa de los derechos de las personas en movilidad humana en el Ecuador y de las personas ecuatorianas en el exterior.
Dr. Cesar Córdova Valverde
Defensor del Pueblo de Ecuador (e)
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