Como es conocimiento público, el 13 de junio de 2022 se inició una serie de manifestaciones sociales a lo largo del país, donde se ha constatado una amplia movilización de la población.
En el contexto de las manifestaciones, lamentablemente se han producido actos de vandalismo y violencia como los que ocurrieron el 21 de junio de 2022 en la ciudad de Puyo, provincia de Pastaza, donde se ha reportado policías presuntamente desaparecidos, la destrucción de 18 vehículos pertenecientes a la Policía Nacional, el saqueo de locales comerciales, entre otros actos de violencia y vandalismo.
En la ciudad de Quito, durante el transcurso del 22 de junio de 2022, se han conocido los ataques al edificio de la Fiscalía General del Estado, arremetida que ha producido la destrucción de los bienes públicos institucionales y ha afectado los archivos propios de la institución. Así mismo, usuarios de redes sociales han difundido videos donde se observa a personas coaccionar a la ciudadanía para que se unan a las manifestaciones, saqueos y daños a la propiedad privada.
La Defensoría del Pueblo ha sido enfática al momento de garantizar el ejercicio del derecho humano a la protesta pacífica y ha activado los mecanismos defensoriales necesarios para la vigilancia y tutela de los Derechos Humanos. De la misma forma, esta Institución Nacional de Derechos Humanos rechaza contundentemente los actos de violencia y vandalismo que se producen por parte de quienes confunden el ejercicio del derecho a manifestarse con la libertad para cometer actos delictivos. El ejercicio del derecho a manifestarse no protege, bajo ningún concepto, la posibilidad de atentar contra integridad de las personas, los bienes públicos o la propiedad privada.
En este sentido, la Defensoría del Pueblo exhorta a las autoridades fiscales y judiciales a prevenir, investigar y sancionar los delitos que se comenten en el contexto de las manifestaciones, con estricto apego al marco normativo y respeto a las garantías del debido proceso. Así mismo, la INDH exhorta a los líderes y lideresas de las manifestaciones sociales a identificar, separar y denunciar a las personas que incentivan y provocan el cometimiento de actos de violencia y vandalismo, pretendiendo deslegitimar el derecho constitucional a la protesta pacífica.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo, ante los recientes pronunciamientos realizados por las partes involucradas en el conflicto social, en particular por la dirigencia de la CONAIE, expresa nuevamente su predisposición para observar y dar seguimiento a tan anhelado diálogo social.
Dr. César Córdova
Defensor del Pueblo de Ecuador (e)
Descargue el comunicado a continuación