En medio de las amenazas e intimidaciones efectuadas por representantes de la Presidencia de la República, el Ministerio de Gobierno, la Procuraduría General del Estado y la Cancillería de Ecuador de entablar juicios penales en contra de la Defensoría del Pueblo, su máximo titular, el Dr. Freddy Carrión Intriago, expresó su total preocupación por la falta de motivación de la sentencia emitida por el Juez Patricio Baño, al resolver la acción de protección presentada por la institución para “garantizar y defender la tutela judicial efectiva, desprotegiendo los derechos humanos de las miles de personas connacionales que se encuentran varadas en el exterior en el contexto de la emergencia sanitaria”, puntualizó.
Ante ello, la Institución Nacional de Derechos Humanos presentó la apelación inmediata por la falta de motivación de la resolución del Juez Baño ante la acción de protección, que busca tutelar el derecho de retorno de las y los ecuatorianos que están en total indefensión en el extranjero. “Seguiremos luchando por los derechos de nuestros/as compatriotas. No nos van a detener y este tipo de intimidaciones en contra del accionar de la Defensoría del Pueblo las condeno y rechazo”, recalcó el Dr. Freddy Carrión Intriago.
Estos hechos ocurrieron durante la reinstalación de la audiencia para resolver la acción judicial presentada en favor de más de tres mil ecuatorianos y ecuatorianas que no han podido retornar al país por una errónea política pública aplicada por el Estado ecuatoriano, vulnerando los derechos al retorno, a la salud, a la seguridad, a una vida digna, entre otros.
El Defensor del Pueblo de Ecuador recalcó que “es intolerable que los propios funcionarios públicos de la Presidencia de la República, el Ministerio de Gobierno, la Procuraduría y la Cancillería, intimiden y amenacen a la Defensoría del Pueblo, que está protegiendo los derechos vulnerados de las y los compatriotas varados en otros países. No lo permitiremos y vamos a denunciar el hostigamiento y criminalización a los/as defensores/as de derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros organismos internacionales”.
La Defensoría del Pueblo presentó, el pasado 19 de abril de 2020, una acción de protección para impugnar las medidas tomadas por el Gobierno nacional que vulneraron y siguen vulnerando los derechos de este grupo de personas, no solamente en su legítimo derecho de volver a casa, sino también en la falta de asistencia consular y provisión de servicios de salud.
Gracias a la presión y gestión realizada, poco a poco algunos/as compatriotas ya han retornado al país, sobre todo, grupos familiares con personas de alta vulnerabilidad como adultos/as mayores y menores de edad, sin embargo, aún existen miles de connacionales que no han podido volver y que atraviesan, cada día, condiciones más complejas e insostenibles.