La Defensoría del Pueblo presentó una acción de protección para tutelar el derecho al trabajo de una ciudadana que fue desvinculada de su puesto de trabajo, luego de notificar a las autoridades que presentaba una enfermedad degenerativa que afectaba su salud.
Mónica C., solicitó la intervención de la Delegación Provincial de Imbabura, pues fue desvinculada del hospital Antonio Ante, lugar en el que se desempeñaba como asistente de nómina y contabilidad, luego de informar que presentaba una enfermedad degenerativa que ocasiona graves molestias a su salud.
La peticionaria prestaba servicios para el hospital desde el año 2014, desde diferentes cargos. A principios de 2017 presentó una molestia en la mano derecha, dolor, edematización e inmovilización, a pesar de eso continuó con sus tareas habituales. Debido al dolor acudió al médico ocupacional del mismo hospital, quien diagnosticó síndrome de túnel carpiano, lo que ocasionó un procedimiento quirúrgico. Cuando la ciudadana se incorporó nuevamente a su trabajo, luego del reposo indicado, se le informó verbalmente del cambio de puesto de trabajo a un lugar que no cumplía con los espacios indicados para su enfermedad.
Después de un tiempo los problemas de salud se mantenían por lo que nuevamente es revisada por un especialista, que determinó síndrome antifosfolipídico. Cuando la ciudadana informó de esta novedad a su jefe inmediato, le notificaron la terminación de su nombramiento provisional, vulnerando así su derecho al trabajo.
La Delegada Provincial de Imbabura Katerine Andrade presentó ante la Corte una acción de protección para tutelar el derecho al trabajo de la peticionaria, la no discriminación y el cumplimiento del debido proceso. La acción fue aceptada en primera instancia por la Jueza, pues encontró hechos probatorios de violaciones a los derechos de Mónica C.; sin embargo la contraparte apeló la decisión y en segunda instancia el tribunal de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Imbabura aceptó y rectifico la sentencia de primera instancia. Es así que ordenó el reintegro inmediato de la afectada a su lugar de trabajo y con la misma remuneración, exigió además sea reubicada previo informe, de acuerdo a su condición de vulnerabilidad con la misma remuneración, en el Hospital de Antonio Ante, a fin de que reciba atención médica oportuna y solicitó el pago de los valores no percibidos desde la salida de la peticionaria hasta la fecha; además que se cumpla con el pago de Aportes al IESS por el tiempo que ha permanecido desvinculada de la Institución, medidas que fueron dispuestas en sentencia dentro de la acción de protección.
Mónica C., quien ahora cuenta con un carné de discapacidad que la avala con un 35%, agradeció la intervención de la Defensoría del Pueblo, pues permitió recuperar su puesto de trabajo y además sirvió como precedente para que actos como estos no se presenten, ya que atentan contra la igualdad y no discriminación.