El 1 noviembre de 2016, Ramiro Rivadeneira Silva presentó su renuncia como Defensor del Pueblo de Ecuador ante la Asamblea Nacional, la misma que fue aceptada el pasado 9 de noviembre.
Rivadeneira, en apego a la ética y los principios que caracterizaron su gestión pública, decidió separarse de esta función con la finalidad de presentarse al concurso público de méritos y oposición que lleva adelante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), para la designación de Defensor del Pueblo (2016 – 2021), de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República.
Con este antecedente y bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 7 literal c de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, ha operado lo prescrito en el artículo 9 del mismo cuerpo legal que determina: “el Defensor del Pueblo nombrará un Adjunto primero y segundo, en los cuales delegará funciones, deberes y atribuciones, y que además; le reemplazarán en su orden, en el ejercicio de las mismas, en los supuestos de ausencia temporal, y de vacancia del cargo hasta que el Congreso Nacional nombre al titular”; esto en armonía con el artículo 5 de la Resolución 001-2014, expedida por el Defensor del Pueblo, que establece: “5.- El/la Adjunto/a de los Derechos Humanos y de la Naturaleza tendrá la calidad de Primer/a Adjunto/a y subrogará funciones de Defensor del Pueblo en caso de ausencia temporal o lo reemplazará mediante encargo en caso de vacancia del cargo hasta que se nombre al titular”.
En este sentido, Patricio Benalcázar Alarcón, quien se desempeñaba como Adjunto de Derechos Humanos y de la Naturaleza de la institución, asumirá el encargo de la función de Defensor del Pueblo hasta que este sea ocupado por quien se declare ganador o ganadora del concurso de oposición y méritos que realiza el CPCCS y hasta que el Pleno de la Asamblea Nacional posesione a la nueva autoridad.
Sin duda alguna, el trabajo emprendido hasta el momento por la Defensoría del Pueblo de Ecuador a fin de cumplir el mandato constitucional de proteger y tutelar los derechos humanos de las y los habitantes del país, así como de las y los ecuatorianos en el exterior, continuará con el compromiso y responsabilidad de siempre.