Desde el año 2003, Hernán P., sufrió afectaciones en su propiedad, debido a los derrames ocurridos en los pozos Yulebra 02 y Culebra 02, por lo que llegó a un acuerdo con Petroproducción para la remediación económica y ambiental de los daños, lamentablemente la entidad no cumplió el acuerdo en su totalidad, por lo que la Defensoría del Pueblo intervino para lograr que se cumplan los convenios señalados.
Debido a estos acontecimientos, la Dirección de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas, solicitó a la empresa Petroproducción, documentación detallada sobre el caso, sin obtener respuesta alguna. Sin embargo, el peticionario señaló que en 2007, firmó un acta de mutuo acuerdo y desistimiento con los representantes de Petroproducción, en la cual constaba la entrega de 7.000 dólares americanos por remediación a los daños ocasionados, pero dicho pago no se realizó.
La Defensoría del Pueblo, durante el trámite defensorial, solicitó a Petroproducción que cumpla con el pago y la remediación a la que se refiere el acta firmada con los acuerdos pactados entre las partes. Efectivamente, la empresa realizó el pagó por las afectaciones a la propiedad del ciudadano afectado; sin embargo, por no haber procedido a la remediación de los daños ambientales ocasionados se continuó con la investigación.
Luego de las diligencias correspondientes, la Coordinación General Defensorial Zonal 2, en Orellana, determinó la afectación de los derechos al agua y al ambiente sano y, con el fin de tutelar estos derechos, se exhortó a EP Petroecuador y Petroamazonas EP, que en su momento asumieron la producción hidrocarburífera, procedan a la reparación de los daños ocasionados, por el desarrollo de sus actividades..
Además, se solicitó a EP Petroecuador y Petroamazonas EP la limpieza correspondiente de la zona, debido a las afectaciones provocadas por el pozo Culebra 02. Por otro lado. la Procuraduría General del Estado solicitó la preservación de las fuentes de contaminación como evidencia para el trámite de arbitraje internacional en el caso CHEVRON-TEXACO, por lo que la Defensoría del Pueblo pidió sitiar el área correspondiente en la propiedad del afectado, y desarrollar todas las acciones necesarias que impidan afectaciones en el goce de los derechos al ambiente sano y al agua.
Cabe mencionar que la institucional nacional de derechos humanos, pidió al Ministerio de Ambiente, un control más estricto en la zona, con el objetivo de precautelar futuras afectaciones como estas, y de esta manera garantizar a la ciudadanía que habita en el lugar, un vida digna, con el pleno goce de sus derechos.