Este 20 de junio de 2019, el juez Bermeo Ulloa Jairo, dictó la sentencia a favor de los habitantes del cantón Camilo Ponce Enríquez en la provincia de Azuay, sobre la acción de protección presentada por la Defensoría del Pueblo, debido a la vulneración de derechos ambientales y de sus habitantes en torno a actividades ilegales de minería en la localidad.
Con la decisión del juez, se ha solicitado al Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables la suspensión definitiva de las actividades mineras en las siguientes concesiones: Ximena, Guanache, Rosana; además, se dé paso al trámite administrativo.
A finales de 2018 alrededor de 120 moradores del cantón Camilo Ponce Enríquez presentaron una petición en la Coordinación Defensorial de Azuay en la que denunciaron la vulneración de derechos al medio ambiente, la salud y vida digna, por actividades mineras. La Institución Nacional de Derechos Humanos inició una investigación defensorial y, como primera acción, realizó una visita in situ en el área minera, verificando que el lugar no cumple los requisitos previos mínimos de la Ley de Minería como licencias y certificaciones ambientales.
Además, la Coordinación Defensorial de Azuay levantó la alerta de que no ha existido el proceso de consulta previa en el cantón y las actividades se estarían desarrollando en el área urbana, al encontrarse a cinco minutos de la vía principal de Ponce Enríquez.
La Defensoría del Pueblo insta al Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables para que inicie el trámite respectivo, con el objetivo de extinguir todas las actividades mineras de esta localidad y se protejan los derechos de los habitantes y de la naturaleza del cantón Camilo Ponce Enríquez.