El pasado 1 de septiembre de 2020, el Dr. Carlos Fuertes López, juez de la Unidad Judicial Civil con sede en la parroquia Iñaquito de Quito, aceptó la acción de protección presentada por la Defensoría del Pueblo y ordenó el pago inmediato de las remuneraciones y beneficios de ley atrasados a las y los servidores públicos del país, declarando la vulneración de los derechos al trabajo, a la vida digna, a la no discriminación, a la salud y a la seguridad jurídica.
La Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, presentó el 10 de septiembre de 2020, el informe correspondiente al seguimiento que debe dar la institución al cumplimiento de dicha sentencia.
Organizaciones como la Confederación Nacional de Servidores Públicos de Ecuador (CONASEP), la Red de Maestros por la Revolución Educativa y la Unión Nacional de Educadores, han informado a la Defensoría del Pueblo el incumplimiento, hasta la fecha, del Ministerio de Economía y Finanzas sobre lo dispuesto por el juez en la sentencia constitucional, manifestando que no han recibido su remuneración de agosto de 2020.
Cabe recordar que la sentencia ordenó al Ministro de Economía y Finanzas, economista Richard Martínez, cumplir puntualmente, hasta los cinco primeros días de cada mes, el pago de las remuneraciones a las y los servidores públicos y, además, la cancelación de los sueldos atrasados.
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