La Defensoría del Pueblo presentó su informe intermedio con cifras que evidencian una realidad de impunidad institucional. El Defensor del Pueblo, César Córdova Valverde, advirtió que la información será entregada al presidente de la República, a la Asamblea Nacional y demás instituciones relacionadas con el cuidado y protección a NNA. También se convocará a mesas técnicas de trabajo.
La Defensoría del Pueblo de Ecuador, como Institución Nacional de Derechos Humanos, desarrolló esta investigación defensorial sobre la base de dos ejes de estudio: acceso a la justicia y protección de las niñas, niños y adolescentes y sus familias. También analizó la normativa vigente, los programas y dispositivos de atención a las violencias sexuales y revisó la situación de las víctimas y de los victimarios para perfilar su estado y el contexto de sus conductas. Adicionalmente, desarrolló una conceptualización sobre términos que giran en torno a la violencia sexual como pederastía, pedofilia y trastornos de carácter mental-sexual y su relación con prácticas delictivas.
La investigación da cuenta de 52 mil 51 casos reportados por la Fiscalía General del Estado y, apenas 2 mil 161 han recibido sentencia, es decir, el 4,15 %. Este dato fue comparado con la información proporcionada por el Consejo de la Judicatura, la Defensoría Pública, los Ministerios del Interior, Educación, Salud, Inclusión Económica y Social, de la Mujer y de Derechos Humanos, Deporte y Cultura, así como de la iglesia, entre otros sectores.
En rueda de prensa, el Dr. César Córdova dejó en claro que los registros de las instituciones no están homologados; que las condiciones de atención, seguimiento, protección y reparación están desarticuladas y que la carga para impulsar los procesos recae, en su mayoría, en las víctimas y sus familias y no en el Estado, conforme lo establece el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y el Código de la Niñez y Adolescencia (CONA), de tal manera que identificó los nudos críticos en la estructura institucional del Estado, a través de los cuales se desalienta la protección integral a los niños, niñas y adolescentes, como un grupo de atención prioritaria.
En cuanto al eje de protección se dio a conocer que, por ejemplo, en el período de análisis – enero 2018 a junio 2023 – el Ministerio de Salud atendió a 14 734 víctimas; solo en 2022 a 4 791, cuando es de conocimiento general que la situación de violencia en el país se ha incrementado. Esta cartera de Estado tampoco cuenta con un servicio de salud mental que responda a las necesidades de la población que enfrenta violencia sexual.
Asimismo, se destacó que los ministerios de Inclusión Económica y Social, así como de la Mujer y Derechos Humanos, no cuentan con servicios especializados y específicos para niñas, niños y adolescentes en cuanto a esta problemática. Tanto es así que, de la información remitida por el MIES, se menciona que “no es el ente rector de políticas públicas, en general, para niños, niñas y adolescentes”, por lo que cabe actuar sobre un sistema de impunidad como expresión de la peor manera de alentar la violencia sexual, sostuvo el Dr. Córdova.
Al finalizar, se anunció que el informe será remitido al presidente de la República, Daniel Noboa, a la Asamblea Nacional y a todas las instituciones de las que se recabó la información. También, como parte de las conclusiones y recomendaciones del informe, la Defensoría del Pueblo convocará a mesas técnicas de trabajo a partir del mes de enero de 2024, para revisar los sistemas y protocolos de atención y protección en casos de violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes.
Acceda al informe completo a través del siguiente link:
https://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/3549
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DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE ECUADOR
