7.531 denuncias de violencia y abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes escolares, que se encuentran en la Fiscalía, en el período comprendido entre enero de 2015 y abril de 2018, no se les dio seguimiento, luego del cierre de la Comisión Especializada Ocasional AAMPETRA.
A raíz de los hechos sucedidos en la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari (AAMPETRA) y la alarma social que ello provocó, el 26 de julio de 2017 en el Pleno de la Asamblea Nacional reunido en la ciudad de Guayaquil atendiendo la Resolución del CAL que recomienda crear una Comisión Especializada Ocasional, con la finalidad de investigar los casos de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes, en escuelas y colegios del país que también conoció denuncias de hechos de violencia en el ámbito religioso, como el caso del sacerdote de la Unidad Educativa Ángel de la Guarda, entre otros líderes de iglesias.
En este marco, a partir de diciembre de 2017, las familias de las víctimas de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes (NNA), las y los defensores de derechos humanos, tanto en forma individual como agrupados en organizaciones no gubernamentales que participaron con denuncias y propuestas a la Comisión AAMPETRA, integraron la Coalición Contra el Abuso Sexual a la Niñez (COCASEN), con el propósito de impulsar los cambios legales e investigaciones que fortalezcan la acción pública contra la violencia sexual hacia los niños, niñas y adolescentes, evitar la impunidad y el silencio que se considera la peor manera de alentar a perpetradores, pues impide el adecuado tratamiento y reparación en los casos de violencia sexual.
La Comisión Especializada Ocasional AAMPETRA presentó su informe ejecutivo final el 23 de julio de 2018 en el que se hizo recomendaciones para implementarlas a través de planes, programas, proyectos, como la creación de una Comisión de la Verdad que documente e investigue todos los casos en todos los espacios institucionales.
Entre las cifras preliminares que alientan al desarrollo de esta investigación, se destacan las 7.531 denuncias de violencia y abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes escolares, que se encuentran en la Fiscalía, en el período comprendido entre enero de 2015 y abril de 2018 a las que no se les dio seguimiento, luego del cierre de la Comisión Especializada Ocasional AAMPETRA[1].
Lo documentado en el Registro de Víctimas de Violencia del Ministerio de Educación (REDEVI), se advierte que se reciben cuatro denuncias diarias, en promedio, solo de casos ocurridos o detectados dentro del sistema educativo ecuatoriano, lo que da cuenta que no todos los casos son denunciados a Fiscalía.
Según cifras de la UNICEF, por cada caso denunciado en niñas, quedan ocultos al menos seis. En la experiencia de las organizaciones nacionales que trabajan con esta problemática, la cifra oculta en niños varones es aún peor, debido a la cultura machista que se mantiene arraigada, por cada caso denunciado en niños quedan ocultos al menos 10 en el país.
Lo antes señalado denota que la impunidad y la indolencia que sufren las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, no es un fenómeno aislado reducido a los casos que se conocen a través de los medios de comunicación, sino que es más común, cercano, naturalizado y extendido, cuya prevención, manejo y erradicación son imperativas y debe constituirse en una preocupación emergente para el Estado.
Por esta razón, la Defensoría del Pueblo de Ecuador, en atención al trabajo de COCASEN alrededor de esta problemática, decidió impulsar una investigación defensorial para dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe de la Comisión Ocasional Especializada AAMPETRA.
Esta investigación concluirá con un informe, cuyos componentes son, entre otros:
– Levantamiento de información en torno a la legislación sobre abuso sexual en el ámbito institucional;
– Casos denunciados, judicializados y sentenciados;
– Evaluación y seguimiento a los protocolos de salvaguarda para prevenir y gestionar casos que se registren en las federaciones deportivas, artísticas, culturales, escuelas e iglesias;
– Mecanismos de reparación a las víctimas;
– Recomendaciones para la incidencia en normativa y políticas públicas.
Esta investigación tendrá como uno de sus fundamentos de actuación el contar con la palabra y opinión de la niña, niño o adolescente, de acuerdo con su edad y madurez, respetando estrictamente su derecho a ser escuchado en todos los asuntos que le compete; y, haciendo efectivo, de este modo, el derecho y principio del interés superior que es inherente a las NNA presente en la Constitución de la República del Ecuador y de acuerdo a la opinión consultiva 25 del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas.
La Defensoría del Pueblo, como Institución Nacional de Derechos Humanos, emprenderá las acciones que considere, dentro de sus competencias, frente a los resultados que arroje la investigación defensorial, a fin de que se garantice la reparación correspondiente a las víctimas y sus familias, y para que estos hechos no se repitan nunca más.
[1] Informe de la Comisión especializada ocasional AAMPETRA