Ante los lamentables hechos expuestos por varios medios de comunicación en los que se puede notar a una docente castigar violentamente a sus alumnos por pedido de las y los progenitores, la Defensoría del Pueblo rechaza este conjunto de acciones que denigran la dignidad humana y quebrantan los más elementales principios de respeto a las niñas, niños y adolescentes, tanto en el ámbito familiar, comunitario, como educativo.
Las manifestaciones de niñas, niños y adolescentes que podemos considerar problemáticas tienen una razón de ser, son una manera de expresarse sobre lo que viven y que irreflexivamente son consideradas “formas de llamar la atención” o “modas”, pero en realidad “son gritos” ante la violencia, el abandono y la exclusión a la que pueden estar expuestos.
La Constitución de la República, la Convención de los Derechos de los Niño, Niñas y Adolescentes, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, La Ley Orgánica de Educación Intercultural, enfatizan que este grupo de atención prioritaria en el país tiene el derecho a ser escuchado y atendido en todas sus necesidades con el propósito de asegurar su desarrollo integral. Las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos deben crecer en contextos de paz y respeto a su integridad física y emocional.
La Institución Nacvional de Dxerechos Humanos recuerda a las familias sobre la obligación de propiciar para sus hijos e hijas ambientes de amplia afectividad y de pleno diálogo, consideración y respeto.
La violencia debe ser erradicada. Las y los docentes, desde su misión profesional y humana deben contribuir a la detección de los problemas que sufren sus alumnos y alumnas y ser parte de la búsqueda de soliciones constructivas para su desarrollo y crecimiento integral.
Las prácticas restaurativas son el mecanismo de escucha, reconocimiento, responsabilización y reparación que se deben aplicar, La violencia jamás será una práctica que pueda producir una mejora en el comportamiento de niños, niñas y adolescentes.
En este contexto, la Defensoría del Pueblo del Ecuador en cumplimiento de su mandato constitucional de protección y tutela de los derechos de las y los habitantes del Ecuador, en particular a este grupo de atención prioritaria, exhorta:
AL MINEDUC:
1. Que tome las medidas que correspondan para sancionar la indebida actuación de la docente que públicamente agredió y humilló a un grupo de estudiantes.
2. Que asuma la responsabilidad ante estos hechos y emita directrices claras para que las disposiciones sean cumplidas dentro del contexto de protección de derechos, lo que supone liderar de forma expresa el reto de promover métodos y prácticas restaurativas, evaluar y acompañar, in situ, la eficacia del tratamiento de conflictos que puedan tener manifestaciones en las comunidades educativas, pese a su origen en el ámbito familiar.
3. Que promueva el desarrollo de las comunidades educativas como espacios no solo de instrucción sino de interacción y crecimiento humano en el que las madres y los padres de familia encuentren la oportunidad para deconstruir prácticas violentas y, en muchos caso, normalizadas en el ámbito familiar.
4. Que monitoree y sancione a los establecimientos educativos que mantengan conductas invasivas y de irrespeto de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
5. Que fortalezca el compromiso asumido por las y los docentes del país para eliminar la violencia y el castigo psicológico como métodos de interrelación con las y los alumnos y, que por el contrario, puedan tener la oportunidad de ser agentes del cambio y garantes de derechos.
A LA FAMILIA:
Como espacio de pertenencia y primario de satisfacción de necesidades que otros no asumen, es vital que apoyen a las niñas, niños y adolescentes para que sus capacidades de confrontar riesgos sean potenciadas. Y con ello, crear espacios de diálogo y ayuda cuando la situación de crisis rebase sus posibilidades para gestionar el conflicto.
A LA COMUNIDAD:
Desarrollar estrategias que permitan alertar de forma temprana y oportuna cualquier tipo o situación de violencia y vulneración de derechos. La comunidad es un actor fundamental para crear conciencia de que niños, niñas y adolescentes son personas que tienen el derecho a ejercer los mismos. La sociedad debe entender la dimensión de la violencia, de ser testigo y corresponsable para contribuir a la garantía del ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Descargue el pronunciamiento a continuación