La Defensoría del Pueblo, ante la noticia difundida sobre la detención y prisión preventiva durante noventa días del Juez Aurelio Quito de la Unidad Penal del cantón Pastaza por el presunto delito de cohecho, manifiesta:
En nuestra calidad de Institución Nacional de Derechos Humanos, condenamos cualquier acto de corrupción desde cualquier instancia. Por ello, expresamos nuestra enorme preocupación por el caso suscitado en torno a un posible delito de cohecho en el que estaría involucrado el Juez del cantón Pastaza, quien negó la acción de protección presentada por la Defensoría del Pueblo a favor de la Comunidad Originaria Kychwa del cantón Santa Clara y de los derechos de la naturaleza del río Piatúa. Cabe resaltar que la Corte Provincial de Pastaza ha resuelto aceptar parcialmente el recurso de apelación presentado por la Institución Nacional de Derechos Humanos y revocar la sentencia emitida por este juez de primera instancia.
La Defensoría del Pueblo presentó una acción de protección contra el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, el Ministerio de Ambiente, la SENAGUA, la Subsecretaría de la Demarcación Hidrográfica Napo y la Compañía de Generación Eléctrica San Francisco GENEFRAN S.A., por la vulneración de los derechos constitucionales al ambiente, naturaleza, agua, soberanía alimentaria; y, los derechos colectivos de los pueblos indígenas a la autodeterminación, territorio, participación, identidad cultural y consulta previa con afectación al derecho a la defensa del Pueblo Kychwa de Santa Clara PONAKICSC y del río Piatúa.
La Fiscalía General del Estado, en la investigación iniciada por el presunto delito de cohecho relacionado con el caso Piatúa, deberá detrminar si con el accionar del juez que incurrió en actos de corrupción, afectó o no los derechos colectivos de la Comunidad Kichwa de Santa Clara PONAKICSC y del río Piatúa, al pronunciarse con la resolución judicial en contra.
Alertamos que, como Institución Nacional de Derechos Humanos, nos presentaremos como acusadores particulares, a fin de proteger y tutelar los derechos de la Comunidad Kychwa de Santa Clara PONAKICSC y del río Piatúa. Asimismo, recalcamos el compromiso de esta institución de estar vigilante ante actuaciones que atenten contra los derechos humanos y de la naturaleza, así como brindar la colaboración necesaria bajo las atribuciones asignadas para el efecto.
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