La Defensoría del Pueblo expresa su preocupación y alarma ante la denuncia pública presentada por el Colegio de Médicos del Guayas por el supuesto desabastecimiento de anestésicos en las unidades de cuidados intensivos que atienden a pacientes diagnosticados/as con COVID-19.
Los anestésicos son utilizados para tratar a pacientes que sufren insuficiencia respiratoria severa y deben ser asistidos con ventilación mecánica. La denuncia pública del Colegio de Médicos del Guayas se refiere a que, al no contar con anestésicos, las y los pacientes deben ser intubados estando conscientes, lo cual significa un proceso doloroso, invasivo y que podría provocar otras complicaciones médicas, arriesgando la vida de la o el paciente.
El derecho a la salud, al acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces está íntimamente relacionado con el derecho a la vida, a la dignidad de las personas, entre otros, y es obligación del Estado, a través del Gobierno Nacional, garantizar el acceso a anestésicos necesarios para salvar la vida de las personas que han sido diagnosticadas con COVID-19.
La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el derecho a la salud y establece que este incluye el derecho a la disponibilidad y al acceso a medicamentos (Sentencia No. 679-18-JP/20 y acumulados) y señala que es el Estado el obligado a proporcionar este acceso a través de políticas públicas adecuadas, a realizar las compras públicas que se requieran cumpliendo los parámetros de eficiencia, transparencia y oportunidad para el acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces; y, a proveer y disponer los recursos necesarios para la compra oportuna, regular y suficiente.
Ecuador es uno de los países más afectados de la región, motivo por el cual el Gobierno Nacional tiene la obligación de implementar políticas públicas que coadyuven a enfrentar la crisis de salud pública ocasionada por el coronavirus, garantizando, sin discriminación alguna, el efectivo goce de los derechos, tal como lo prevé el artículo 3 numeral 1 de la Constitución de la República.
Ante esta grave denuncia de desabastecimiento de anestésicos, la Defensoría del Pueblo exhorta:
– Al Gobierno Nacional para que actúe, con total responsabilidad, y garantice el derecho a la salud y la vida de las y los ecuatorianos y disponga a las carteras de Estado correspondientes a que atiendan las necesidades de medicinas anestésicas para las y los pacientes diagnosticados con COVID-19 y otras patologías que lo requieran.
– Al Ministerio de Salud para que informe al país y remita a la Defensoría del Pueblo la información respecto de la disponibilidad o no de anestésicos en todos los hospitales del país que cuenten con terapia intensiva y que están atendiendo a pacientes con diagnóstico de COVID-19.
– Al Ministerio de Economía y Finanzas para que garantice el presupuesto necesario para la compra de anestésicos y medicinas necesarias para la atención de las y los pacientes con COVID-19.
– Al SERCOP para que, de manera urgente e inmediata, establezca y viabilice los procedimientos de contratación pública necesarios para la compra de estos anestésicos.
– A la población que vive en Ecuador para que aplique las medidas de bioseguridad establecidas por el COE Nacional y los COE Cantonales y evite aglomeraciones, limite la asistencia a reuniones sociales, la concurrencia a lugares donde no se guarde el debido distanciamiento y precautele, de manera responsable, su salud y la de sus familias.
La Defensoría del Pueblo dará seguimiento a estas graves denuncias de vulneraciones a los derechos humanos en el contexto de la pandemia de la COVID-19 y espera la respuesta formal por parte del Gobierno Nacional ante los hechos expuestos.
Dr. Freddy Carrión Intriago
Defensor del Pueblo de Ecuador
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