La Defensoría del Pueblo saluda a la Comisión Especializada de Justicia y Estructura Permanente del Estado por haber incorporado en el “Informe para Primer Debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal”, estándares de derechos humanos que aseguran la progresividad de derechos observando los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres con el fin de precautelar una vida digna.
Este miércoles 19 de diciembre de 2018, en continuación de la Sesión 009, la Comisión Especializada de Justicia y Estructura Permanente del Estado aprobó el Informe para Primer Debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal (COIP), con 7 votos a favor y 2 abstenciones. En él se incluye la propuesta de despenalización del aborto como consecuencia de una violación, estupro, incesto o inseminación no consentida, y cuando se determine que existe una grave malformación fetal.
Valoramos que la Comisión Especializada ha recogido en su informe los estándares internacionales de derechos humanos presentados por esta Institución Nacional de Derechos Humanos durante su comparecencia ante la Comisión, en especial, las Recomendaciones Generales y Recomendaciones por País realizadas por el Comité de Derechos Humanos; el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y, el Comité de los Derechos del Niño. Así como lo dispuesto por el Relator Especial sobre la Tortura, Tratos crueles e Inhumanos que establece, de manera general, la existencia de leyes muy restrictivas respecto a los casos de maternidad forzada, lo que constituye una forma de tortura.
La Defensoría del Pueblo de Ecuador exhorta al pleno de la Asamblea Nacional a que dé paso favorable a las reformas planteadas para la despenalización del aborto en cumplimiento de su obligación constitucional prevista en el artículo 84 de la Constitución de la República del Ecuador, de adecuar formal y materialmente el Código Orgánico Integral Penal a los derechos previstos en la Constitución, tratados e instrumentos internacionales.
Gina Benavides Llerena
Defensora del Pueblo (e)
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