La Institución Nacional de Derechos Humanos emitió un pronunciamiento el pasado 6 de septiembre de 2019, ante la noticia sobre la detención del Juez Aurelio Quito de la Unidad Penal del cantón Pastaza por el presunto delito de cohecho, donde el Defensor del Pueblo, Dr. Freddy Carrión Intriago, manifestó su preocupación por el caso suscitado en torno a un posible acto de corrupción y, más aún, tratándose del juez que negó la acción de protección presentada por la Defensoría del Pueblo a favor de la Comunidad Originaria Kychwa del cantón Santa Clara y de los derechos de la naturaleza del río Piatúa.
La Función de Transparencia y Control Social (FTCS) emitió la Resolución No. FTCS-003-2019, a través de la cual indica: “en el ejercicio de la vigilancia de la transparencia pública, la FTCS exhorta a la Procuraduría General del Estado para que se presente como acusador particular en la causa iniciada en contra del Juez Aurelio Quito Cortez. Asimismo, se requiere al Consejo de la Judicatura para que preste especial atención a los procesos relacionados con acciones de protección de derechos; y, que tome las medidas necesarias para ejercer el control disciplinario, promover la denuncia pública, capacitar a jueces y juezas y así evitar actos de corrupción”.
La Defensoría del Pueblo recalca el compromiso de esta institución de estar vigilante ante actuaciones que atenten contra los derechos humanos y de la naturaleza, así como brindar la colaboración necesaria bajo las atribuciones asignadas para el efecto.
A continuación se adjunta la resolución.
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