La Defensoría del Pueblo, el 22 de noviembre pasado, emitió un pronunciamiento rechazando la violencia y haciendo un llamado al diálogo a fin de alcanzar una solución pacífica que considere y dé una respuesta adecuada a las demandas que originaron ese contexto de conflictividad, poniendo a disposición de las partes su contingente humano e institucional.
En este sentido, la Delegación Provincial de Morona Santiago realizó visitas in situ, contactándose directamente con los actores involucrados a fin de generar un acercamiento y lograr un diálogo que procure alcanzar una solución respetando los derechos consagrados en la Constitución de la República, quedando vigente la voluntad de las partes para generar este esfuerzo.
En vista de los hechos que son de conocimiento público, ocurridos el día miércoles 14 de diciembre, cuando un grupo de ciudadanos de nacionalidad Shuar, con uso de armas de fuego atacaron el campamento minero en San Carlos – Panantza, ocasionando el fallecimiento de un miembro de la Policía Nacional e hiriendo a otros tantos policías y militares, la Defensoría del Pueblo manifiesta:
Su repudio al uso de la violencia y al empleo de cualquier tipo de armas como un medio para demandar reivindicaciones o el ejercicio de los derechos humanos.
Su solidaridad con la familia del policía fallecido y los miembros de la fuerza pública que resultaron heridos en estos actos violentos.
La necesidad de establecer la responsabilidad individual por el cometimiento de los hechos de violencia y el fallecimiento del miembro de la Policía Nacional, con la intervención de las autoridades judiciales competentes, respetando las garantías del debido proceso.
Ante el establecimiento del Estado de Excepción dispuesto por el gobierno nacional en la provincia de Morona Santiago en razón de los hechos ocurridos, exhortamos para que las acciones que se dispongan sean las necesarias, proporcionales y temporales, en la medida de restablecer la convivencia pacífica.
La Defensoría del Pueblo, como Institución Nacional de Derechos Humanos, insiste en que se encuentra presta a promover procesos de diálogo que propicien el respeto a los derechos humanos con los actores sociales no violentos, la institucionalidad estatal y el sector privado involucrado.
Reiteramos a las partes la necesidad de implementar los mecanismos constitucionales y legales que posibiliten una resolución del conflicto sin necesidad de recurrir ni a la violencia social ni al uso desproporcionado de la fuerza.
Patricio Benalcázar Alarcón
Defensor del Pueblo Ecuador
Puede acceder al pronunciamiento para descarga AQUÍ