El 21 de diciembre de 2020, la Defensoría del Pueblo de Ecuador alertó sobre los peligros de permitir del retorno a clases de niños, niñas y adolescentes en los planteles educativos del país. El COE Nacional y el Ministerio de Educación, atendiendo a esta alerta y recomendación, suspendieron los planes piloto de regreso progresivo a clases presenciales.
Sorprende a la Institución Nacional de Derechos Humanos que, en uno de los momentos más criticos de la pandemia, el COE Nacional revierta esta decisión, y con fecha 28 de febrero de 2020, revoque la mencionada suspensión y permita que cerca de 77 centros educativos retornen a clases presenciales.
A criterio de la Defensoría del Pueblo, esta decisión expone, innecesariamente, a los niños, niñas y adolescentes y, por ende, a sus familiares directos, entre los que se encuentran personas adultas mayores, pudiendo generarse un contagio masivo, sin considerar su calidad de grupos de atención prioritaria, más aún, conociendo que el plan de vacunación del Ministerio de Salud es limitado y no los/as ha tomado en cuenta en las primeras fases.
Mientras las y los funcionarios públicos continuarán con teletrabajo, al menos hasta el 15 de marzo, se autoriza que 77 planteles educativos de zonas rurales regresen a clases, cuando lo que se debería garantizar es el acceso adecuado, efectivo y permanente a medios tecnológicos que permitan el ejercicio del derecho a la educación en condiciones de calidad y calidez. Este hecho evidencia la errónea y desatinada priorización que realiza el Gobierno Nacional en torno al respeto y garantía de los derechos de las y los ciudadanos del país.
Como ya se alertó en su momento, la Constitución de la República establece que el Estado, en todas sus instancias, debe garantizar el acceso y calidad a la educación inicial, básica y bachillerato mediante la formación integral e inclusiva, tomando en cuenta la interculturalidad, la plurinacionalidad y las lenguas ancestrales, desde un enfoque de derechos y deberes para fortalecer el desarrollo social, económico y cultural, el ejercicio de la ciudadanía y la unidad en la diversidad de la sociedad ecuatoriana.
Con estos antecedentes, la Defensoría del Pueblo de Ecuador EXHORTA al Gobierno Nacional a que, de manera inmediata:
– Revoque la decisión de permitir el retorno progresivo a clases presenciales de niños, niñas y adolescentes en el país.
– Garantice el acceso a internet y a otros medios para que se proporcione una educación virtual con calidad en las zonas rurales y urbano marginales.
– Promueva constantemente la salud y la vida de toda la comunidad educativa frente a la pandemia de la Covid-19.
La Defensoría del Pueblo continuará vigilante de que las decisiones adoptadas por las autoridades respeten, de manera efectiva, los derechos de todas y todos.
Dr. Freddy Carrión Intriago
Defensor del Pueblo de Ecuador
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