La Defensoría del Pueblo del Ecuador como Institución Nacional de Derechos Humanos, encargada de la protección y promoción de los derechos de las personas que habitan en el país, expresa su preocupación y pide a las autoridades estar atentas ante los posibles delitos y vulneraciones de derechos humanos.
La Defensoría del Pueblo reconoce el aumento de las actividades delictivas y la percepción de inseguridad por parte de la ciudadanía por lo cual se ha pronunciado en varias ocasiones; sin embargo, el Estado debe establecer políticas públicas y mecanismos adecuados para la lucha contra la delincuencia en el marco de la protección de los derechos humanos de todas y todos los habitantes del país, respetando los límites que la misma Constitución establece dentro de la estructura estatal. El mensaje de incentivar a actuar de manera independiente y con libre albedrío a quienes agencian la fuerza pública puede incentivar a la impunidad en afectación a los derechos de todas y todos, y desde esta INDH observaremos el irrestricto respeto al debido proceso y a la tutela judicial efectiva de todas las personas.
La Constitución de la República señala específicamente las atribuciones y competencias tanto de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en los artículos 158 y 159, en los que determina que su deber primordial es la protección de los derechos, libertades y garantías de las personas que viven en el país, distinguiendo claramente los roles entre la protección de la seguridad interna y el mantenimiento del orden público asignadas a la Policía Nacional, y la protección de la soberanía y la integridad territorial como responsabilidad de las Fuerzas Armadas, motivo por el cual, el uso de estas últimas para la seguridad interna debe ser de carácter excepcional y bajo los parámetros que esta actividad conlleva, evitando cualquier exceso del uso de la fuerza.
Hay que recordar que el Ecuador ha pasado por épocas complejas en materia de seguridad ciudadana con actos que han desembocado en demandas de carácter internacional y reparaciones cuantiosas asumidas por el Ejecutivo, pero es importante destacar que no existe cantidad de dinero suficiente para la reparación integral de quienes se han convertido en víctimas por acciones previsibles por parte del Gobierno. Por ello, EXHORTAMOS:
1. Al señor presidente de la República y a quienes integran las Fuerzas Armadas y Policía Nacional a considerar y observar lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentencia “Caso Barrios Altos vs. Perú”, párrafo 41:
41. Esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
2. Al señor presidente de la República, que es obligación del Estado garantizar la paz y el orden a través de la prevención del crimen y de la impunidad para lo cual es urgente la creación de una política pública que ataque las causas estructurales que devienen en la violencia con una visión de seguridad humana y no estatal (no seguritista).
3. A las autoridades competentes como la Fiscalía General del Estado, a la investigación profunda e imparcial de los mensajes que se han publicado en las redes sociales sobre la creación de “escuadrones de limpieza social”, que parecen haber surgido ante la evidente falta de seguridad y de políticas estatales para el efecto.
4. A la ciudadanía, a no hacer eco de mensajes que inciten al odio, a la xenofobia y aporofobia, entre otros delitos por discriminación que constituyen una amenaza inminente para el ejercicio pleno de los derechos de todas y todos.
La Defensoría del Pueblo del Ecuador seguirá implementado acciones dirigidas a promover y garantizar la seguridad humana bajo un abordaje integral que promueva el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas que viven en este país.
Defensoría del Pueblo de Ecuador
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