Ayer, en el Complejo Judicial Florida Norte, en Guayaquil, la Vicedefensora del Pueblo, Zaida Rovira Jurado, presentó la demanda de acción de protección en referencia a la deficiente política pública empleada por el Ministerio de Salud Pública (MSP), en la aplicación del plan de vacunación a los grupos de atención prioritaria y, sobre todo, de las personas adultas mayores en Ecuador.
Zaida Rovira, quien fue abordada por varios medios de comunicación, enfatizó en la afectación a los derechos de las personas adultas mayores durante la inoculación de las dosis contra la COVID-19 y cómo desde la Institución Nacional de Derechos Humanos se han realizado varios pronunciamientos y exhortos a las entidades competentes, con el objetivo de que se garanticen y respeten sus derechos, porque son un grupo de atención prioritaria y no han sido atendidas de acuerdo con su categoría.
Sobre la base de lo prescrito en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la representante de la Defensoría del Pueblo solicitó se declare la violación de los derechos constitucionales alegados y que se ordene al MSP -como medidas de reparación integral- el rediseño inmediato del plan de vacunación, en donde se priorice el acceso a la vacuna contra la COVID-19 a las personas adultas mayores, personas con discapacidad grave y muy grave o severa, y personas con enfermedades catastróficas y crónicas.
Además, se ordene al Ministerio de Salud que adecúe los puntos de vacunación con espacios de espera adecuados y seguros, también el acceso a servicios básicos mínimos como agua y baterías sanitarias; que el registro de vacunación se efectúe a través de diversos medios, y no solamente a través de la página web, tomando en cuenta la brecha digital e intergeneracional; y, que se establezca un óptimo sistema para agendar las citas, para evitar la aglomeración de personas y su consecuente exposición a contraer el virus.
Sobre los principios de salud pública, justicia, ética y moral, se solicitó que se establezca un protocolo de vacunación que garantice la transparencia y control en cada fase, permitiendo el acompañamiento familiar a las personas adultas mayores para que observen y verifiquen la inoculación de la dosis; y, también, la participación de personal de la Defensoría del Pueblo y/o el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como observadores/as y veedores/as para garantizar el proceso de vacunación.
Con la presentación de esta garantía jurisdiccional desde la Defensoría del Pueblo y la sentencia favorable de parte del juez constitucional, se espera una mejora y optimización en el proceso de inoculación de las dosis contra la COVID-19 a los grupos de atención prioritaria en el país, y que el Ministerio de Salud Pública informe, semanalmente, sobre la correcta implementación del plan de vacunación y la estrategia de aplicación del mismo en todas sus fases.