El objetivo es que la justicia constitucional garantice el derecho de la ciudadanía a recibir servicios públicos de electricidad oportunos, eficientes y a precios justos, e impedir y evitar que se vulnere este derecho por los procesos de cobro de valores pendientes de las planillas de electricidad. Además, proteger a las y los habitantes del territorio ecuatoriano ante inminentes cortes de energía eléctrica por falta de pago, lo cual provoca la limitación a otros derechos como educación (telestudio), trabajo (teletrabajo), salud, alimentación, entre otros.
La Constitución de la República determina que el Estado es el responsable de la provisión de los servicios públicos domiciliarios, disponiendo que los precios y tarifas sean equitativos. Por ello, esta acción pretende que se exija, mediante sentencia constitucional, al Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables y a la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCERNNR), a crear y aplicar una política pública con enfoque de derechos que contemple, principalmente:
1. La adopción de tarifas diferenciadas con efecto retroactivo, considerando el período de confinamiento total y parcial desde marzo de 2020 hasta la presente fecha.
2. La actualización de la base de clientes de la tarifa de la dignidad de acuerdo con los quintiles 1 y 2 de pobreza.
3. La prohibición de cortes del servicio ante la presencia de personas con enfermedades catastróficas, raras, huérfanas y con discapacidades severas y otras condiciones sociales que hagan que la suspensión del servicio sea un agravante a su dignidad.
4. La disposición de vías de reclamación administrativa oportunas y efectivas, así como la adopción de medidas de control a las empresas prestadoras del servicio de energía eléctrica.
Como Institución Nacional de Derechos Humanos, hemos recibido múltiples quejas de la población, a partir de la pandemia por COVID-19, relacionadas al cobro excesivo en las planillas del consumo de energía eléctrica que, incluso, han sido presentadas de forma directa a las empresas públicas de prestación del servicio como CNEL, sin obtener una respuesta oportuna para las y los usuarios afectados.
Esto en un contexto donde nuestra sociedad ecuatoriana vive graves afectaciones en el ámbito social y económico, situación que se ha evidenciado en el incremento de la tasa de desempleo y en la pérdida del poder adquisitivo, según estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), donde muchas personas se vieron obligadas a priorizar el destino de sus recursos para cubrir necesidades básicas como alimentación y salud.