La Defensoría del Pueblo de Ecuador, en su calidad de Institución Nacional de Derechos Humanos, presenta públicamente un informe de verificación que da cuenta de graves vulneraciones de derechos humanos a familias, en su gran mayoría afrodescendientes, que viven y trabajan en plantaciones agrícolas de abacá en las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos.
El 16 de octubre de 2018, una delegación de aproximadamente 40 trabajadores de la empresa Furukawa Plantaciones CA del Ecuador, quienes habían sido despedidos, se acercó a la oficina matriz de la Defensoría del Pueblo ubicada en la ciudad de Quito a denunciar la constante vulneración de sus derechos humanos, en especial las graves condiciones en las que viven y trabajan dentro de las haciendas de la empresa, lo cual les ha provocado un empobrecimiento generalizado.
La empresa Furukawa Plantaciones CA del Ecuador se constituyó el 22 de febrero de 1963, siendo su principal actividad económica el cultivo de abacá. Durante 56 años que ha desarrollado sus actividades, esta empresa ha vulnerado de forma sistemática los derechos de las personas, quienes, al vivir y trabajar en las tierras de esta empresa y las dificultades para cambiar de condición, enfrentan una forma de servidumbre según estándares internacionales, conclusión a la cual se llegó en base a testimonios de los afectados durante las visitas realizadas a las instalaciones de la empresa.
La Delegación Provincial de los Ríos de la Defensoría del Pueblo acompañó en octubre de 2018 a una inspección del Ministerio del Trabajo a 7 campamentos de la empresa. Posteriormente, la Dirección Nacional de Buen Vivir inició en noviembre de 2018 la investigación defensorial calificada como “confidencial” para preservar la integridad de los afectados. En ese contexto, el Ministerio del Trabajo resolvió realizar una nueva visita a 11 campamentos en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas el 20 de noviembre de 2018, y solicitó el acompañamiento a varias instituciones. La Defensoría del Pueblo realizó una segunda verificación en esa fecha, y una tercera el 26 de enero de 2019.
Esta Institución Nacional de Derechos Humanos constató que decenas de familias viven y trabajan en condiciones indignas e inhumanas en campamentos instalados dentro de las haciendas de la empresa Furukawa Plantaciones C.A. de Ecuador. Los campamentos en que viven son precarios, viejos y lúgubres, no tienen luz eléctrica, agua potable ni saneamiento ambiental de ningún tipo. Hombres, mujeres, niños y niñas y adultos mayores viven en cubículos pequeños con poca ventilación e iluminación. Su vida cotidiana se restringe a extraer la fibra de abacá que es entregada en su totalidad a la empresa Furukawa, y los que no trabajan, mujeres mayoritariamente, realizan tareas de cuidado de todos los habitantes de los campamentos.
La empresa Furukawa no ha firmado contratos laborales con ninguno de ellos, tampoco los ha afiliado al IESS e incumple todas las normas de prevención de riesgos, accidentes laborales y salud ocupacional. Para encubrir la relación laboral opera con dos figuras que resultan ilegales en Ecuador: 1) contrata por vía civil a arrendatarios (intermediarios), quienes también viven y trabajan dentro de las haciendas en las mismas condiciones precarias que el resto; y, 2) les compra toneladas de fibra de abacá a cambio de dinero que el intermediario reparte entre los trabajadores. Además, públicamente niega que sean sus trabajadores. Esto vulnera directamente lo previsto en el Mandato Constituyente No. 8 que erradicó la intermediación y precarización laboral. A esto se suma que muchos de estos trabajadores abacaleros registran graves accidentes laborales, en especial cortes y mutilaciones. Todos estos hechos se han verificado en todos los campamentos y constan en diferentes informes realizados por los Ministerios de Trabajo, Salud, Educación, Inclusión Económica y Social, así como en la Secretaría Nacional de Gestión de la Política y la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación.
En estas condiciones de vida y trabajo indignos, inhumanos e ilegales, estas familias afrodescendientes tampoco ejercen de manera adecuada otros derechos: muchos niños no asisten a la escuela por la lejanía y falta de recursos, y empiezan a trabajar para extraer fibra desde los 9 o 10 años. Al vivir dentro de la propiedad privada de Furukawa, el acceso a servicios de salud es precario y casi inexistente, las puertas de ingreso a las haciendas las controla la empresa y, debido a la lejanía, las familias no pueden trasladar a los enfermos con facilidad. El agua que disponen es de pozo o de esteros contaminados, lo que afecta también a su alimentación. Durante la inspección laboral se verificó que varios niños y algunos hombres y mujeres, ni siquiera cuentan con registro de identidad.
Estos hechos configuran una forma de servidumbre que constituye esclavitud moderna, práctica prohibida por Tratados Internacionales, la Constitución del Ecuador, el Código de Trabajo y el Mandato Constituyente 8. La Defensoría del Pueblo de Ecuador insta a la Secretaría Nacional de Gestión de la Política a coordinar acciones inmediatas con el Ministerio de Agricultura y el Ministerio del Trabajo, con el objeto de poner fin a este grave caso de esclavitud. Es urgente que se repare a estas familias con la adjudicación de tierras y el reconocimiento de sus derechos laborales vulnerados, como forma efectiva de romper con esta dolorosa situación y para que estos ciudadanos puedan vivir dignamente.
Puede descargar y revisar el informe de verificación completo de DDHH: AQUÍ