La Defensoría del Pueblo presentó, ante la Unidad Judicial Civil de Quito, parroquia Iñaquito, una solicitud de medidas cautelares en contra de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas EMCO – EP, con la finalidad de evitar la amenaza de violación de los derechos a la libertad de expresión en la difusión de la información y el acceso de la información de la población, a escala nacional, así como a la seguridad jurídica y de comunicación, al pretender vender y subastar los activos de los medios públicos.
La Defensoría del Pueblo considera que la venta de los activos, como equipos, las 66 radiorepetidoras de radio FM, las 93 estaciones ECTV, las 18 estaciones pequeñas ECTV a escala nacional, las imprentas, las 4 unidades móviles, el patrimonio audiovisual generado, entre otros insumos de propiedad de los medios públicos, puede menoscabar el derecho a la libertad de expresión de quienes todavía trabajan en los mismos, y afectar la libertad de información del público de estos medios, puesto que estas acciones son contraproducentes para la estabilidad y periodicidad en la realización de sus programas y la difusión de contenidos comunicacionales a largo plazo.
La Constitución de la República otorga a los medios públicos, como actor estatal, un rol importante en la conformación del sistema de comunicación y la garantía de los derechos a la libertad de expresión e información.
La Defensoría del Pueblo solicitó que, como medida cautelar, se comunique al Gerente de Medios Públicos en liquidación, al Gerente General de la Empresa Pública de Comunicación Ecuador EP y al Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, que no se realice la venta o subasta de los activos de los medios públicos, decisión que no debería adoptarse a escasos dos meses de que culmine la gestión del actual Gobierno, y que esta medida esté vigente hasta el 24 de mayo de 2021, día en el que se producirá el cambio de gobierno.