Con la finalidad de garantizar los derechos de las personas a recibir servicios de óptima calidad, información adecuada, veraz, clara y completa, así como un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo en la prestación de servicios públicos o privados del sector financiero nacional, la Defensoría del Pueblo presentó este 12 de agosto de 2020, una medida cautelar ante los jueces competentes, solicitando la suspensión inmediata de todo cobro indebido realizado por estas entidades, que han incumplido lo aprobado y dispuesto por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo, a través de esta acción constitucional busca que las personas usuarias de servicios financieros que han solicitado y han sido beneficiadas con diferimientos extraordinarios, prórrogas, refinanciamientos o reestructuras crediticias de sus obligaciones, no paguen otros nuevos intereses generados por este servicio, así como tampoco ningún otro tipo de gastos, recargos, multas u otros cobros relacionados con seguros adicionales que no hayan sido solicitados por las y los clientes. La acción incluye, además, la solicitud del cese inmediato de cualquier tipo de hostigamiento en la cobranza de créditos a las personas beneficiarias.
Así mismo, a fin de evitar vulneraciones de derechos como consecuencia de estos cobros indebidos, se ha solicitado que la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, establezcan procedimientos para una atención ágil, oportuna y de fácil acceso para toda persona que haya sido afectada y, así mismo, sancionen a la entidad financiera pública o privada o de la economía popular y solidaria que haya vulnerado los derechos de sus clientes/as.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo, mediante esta acción, solicita a las autoridades judiciales que ordenen a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, realice una aclaración respecto de las resoluciones emitidas sobre los diferimientos extraordinarios de créditos, con un lenguaje claro y de fácil entendimiento, tanto para las entidades del sector financiero como para las personas usuarias, evitando así interpretaciones erróneas sobre su aplicación.