Con la finalidad de evitar que las plazas de médicos y médicas rurales queden desocupadas y, además, garantizar el efectivo acceso a una futura fuente de trabajo de más de 2.000 egresados/as de carreras afines a la salud en el país, la Defensoría del Pueblo presentó, este 19 de agosto de 2020, una acción de protección en contra del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CACES, y el Ministerio de Salud Pública de Ecuador.
Las y los afectados en esta causa debían rendir el examen de habilitación profesional entre el viernes 10 al domingo 12 de julio de 2020, sin embargo, diversos problemas técnicos, tecnológicos y logísticos que se presentaron antes y durante esta evaluación, impidieron que la jornada se lleve a cabo de forma regular. Estos inconvenientes suscitados se dieron a conocer a las autoridades competentes, sin obtener una respuesta oportuna de su parte. El efecto práctico de que estos hechos continúen en firme será la desprotección de las personas que viven en las zonas rurales del país, pues quedarán puestos sin ser cubiertos.
Las y los egresados afectados han sido restringidos de la posibilidad de postular en la
convocatoria para la inscripción en el sorteo para el año de salud rural y servicio social del período septiembre 2020 – agosto 2021, convocada por el Ministerio de Salud Pública, privándoles de la posibilidad de acceder a un trabajo libremente escogido e incluyente y a una vida digna.
En este sentido, la Defensoría del Pueblo, a través de esta acción constitucional, busca que las y los afectados que no pudieron rendir el examen de habilitación profesional en julio de 2020, a escala nacional, lo hagan de forma inmediata para no afectar su carrera profesional. Además, la medida busca evitar vulneraciones de derechos en el futuro, para lo cual solicita que el personal del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CACES, se capacite sobre los derechos fundamentales a favor de las y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país.