Con la finalidad de que el Estado ecuatoriano genere un mecanismo idóneo, eficaz, directo e inmediato, que establezca y determine la condición de víctima de violaciones a derechos humanos de las personas que, por alguna razón, no fueron reconocidas en el Informe Final de la Comisión de la Verdad y accedan a las medidas de reparación material e inmaterial que la Defensoría del Pueblo coordina con las diferentes entidades gubernamentales, la institución presentó, el pasado lunes 31 de agosto de 2020, una acción pública de inconstitucionalidad contra los artículos 2 y 5 de la Ley para la Reparación de las Víctimas y la Judicialización de Graves Violaciones de Derechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad ocurridos en Ecuador, entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008.
Para la Defensoría del Pueblo es inconstitucional que se discrimine a un sector de víctimas de violaciones a los derechos humanos, lo cual vulnera el principio de igualdad al no constar en el listado respectivo.
El Estado, mediante el programa de reparación integral, tiene la obligación de reconocer a nuevas víctimas, y es la Corte Constitucional de Ecuador, el organismo encargado de terminar con años de impunidad, para efectivizar su acceso al programa de reparación material e inmaterial.
La Constitución de la República es clara al determinar la progresión de derechos y establecer que ninguna norma restringe el acceso a los mismos; por ello, resulta fundamental garantizar la reparación integral de las víctimas, en este caso, de aquellas que han sufrido violaciones de derechos humanos atribuibles al Estado.
De esta forma, la Defensoría del Pueblo hace un llamado a las diferentes organizaciones de la sociedad civil, a los colectivos de personas víctimas y a las y los ciudadanos en general, a ser parte de este proceso y participar con sus amicus curiae, ya que su aporte es necesario para que la Corte Constitucional precautele los derechos de quienes fueron víctimas de violencia estatal.