Una acción de protección interpuesta por la Defensoría del Pueblo en contra del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social fue aceptada por el Tribunal de Garantías Penales del Distrito Metropolitano de Quito, por vulnerar los derechos a la jubilación, a la seguridad jurídica, a la igualdad y no discriminación de 21 personas extrabajadoras y trabajadoras de la Unión Cementera Nacional UCEM S.A., y de Unacem Ecuador S.A. a quienes no se les permitió acceder a su jubilación de conformidad con lo que establece la ley.
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social reconoció que no se ha jubilado a las y los afectados, debido a la falta de presupuesto para la aplicación de la “Ley 19 de Jubilación Especial de Trabajadores de la Industria del Cemento”, la cual dispone el acceso al derecho a la jubilación de las y los trabajadores, una vez que registren al menos 300 aportes, a cualquier edad, con una pensión mensual equivalente al último salario percibido.
Durante la audiencia, la Defensoría del Pueblo expuso las repercusiones para las y los afectados y sus familiares al no acceder a su derecho a la jubilación y a los beneficios que se derivan de la misma. Asimismo, explicó que esta situación se ha agravado por la crisis económica y sanitaria mundial generada por la COVID-19, lo que ha incidido, incluso, en el efectivo goce de su derecho a la salud.
En vista del incumplimiento de la ley, el tribunal declaró la vulneración a los derechos de las personas extrabajadoras y trabajadoras de UCEM y Unacem, y dispuso que, en el término de 90 días, el IESS actúe de conformidad con lo establecido en la normativa; además, que publique en su página web las disculpas públicas a las y los afectados. La Defensoría del Pueblo verificará el cumplimiento de la sentencia.