La acción de protección presentada por la Defensoría del Pueblo fue aceptada por la jueza, Celma Espinoza Vanegas, quien resolvió a favor de once médicos y médicas posgradistas ganadoras de un concurso de méritos y oposición, a quienes el Ministerio de Salud Pública (MSP) interrumpió sus rotaciones de posgrado y desconoció sus remuneraciones estipuladas en la ley.
La jueza Espinoza determinó que el MSP vulneró los derechos a la seguridad jurídica, igualdad formal y material, a la no discriminación, al buen vivir y a la vida digna de las y los profesionales de la salud y dispuso que las autoridades de la cartera de Salud realicen las acciones pertinentes, a fin de que estos médicos y médicas posgradistas realicen libremente sus rotaciones, guardias y prácticas en los hospitales pertenecientes a la Red Integral Pública de Salud (RIPS) y red complementaria; y, que el ministerio suscriba sus contratos de servicios ocasionales de acuerdo con lo establecido en la ley.
El MSP alegó que no existía un convenio firmado con la institución educativa patrocinante, la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, misma que demostró lo contrario a las afirmaciones de la cartera de Estado. Además, los médicos y médicas posgradistas, a pesar de mantenerse, durante la pandemia, en la primera línea de atención a pacientes con COVID-19, no recibieron por parte del MSP una remuneración de servidor/a público/a 7, como lo estipula el Reglamento General de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, en su artículo 39.
“Esta acción de protección sienta un precedente para que las y los compañeros que estén pasando por esta situación reclamen por sus derechos, especialmente, el de la educación, que es un derecho universal”, señaló Graciela Caisapanta, médica posgradista beneficiada. Del mismo modo, la médica posgradista Susana Sandoval, manifestó su agracedimiento al equipo de la Defensoría del Pueblo ante el fallo positivo de la acción presentada. “Al fin se hizo justicia y obtuvimos lo que en realidad fue siempre nuestro derecho”, enfatizó.
La Defensoría del Pueblo le recuerda al Estado ecuatoriano que, junto a todos sus estamentos institucionales, tiene la obligación de proteger, reconocer y garantizar la continuidad de los estudios de las y los profesionales de la salud, antes y durante la emergencia sanitaria y, además, que sean remunerados en respeto a las leyes laborales y humanitarias vigentes.