El juez Carlos Andrade López aceptó, la mañana de este viernes 26 de junio de 2020, la acción de protección presentada por la Defensoría del Pueblo, declarando la vulneración de los derechos a la dignidad humana, integridad personal, al derecho constitucional de acceso a servicios públicos de óptima calidad y a la seguridad jurídica.
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Ministerio de Salud Pública, el Hospital General Guasmo Sur, el Hospital General Norte Guayaquil Los Ceibos y el Hospital Teodoro Maldonado deberán aplicar acciones de reparación integral dirigidas a las familias afectadas en Guayaquil que se acogieron a la acción de protección presentada por la Defensoría del Pueblo.
El juez, como medidas de reparación integral, dispuso que:
-Las instituciones involucradas, con el apoyo del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entreguen un informe, en el término de 10 días, para determinar la ubicación de los 16 cuerpos que no se han encontrado.
-El Ministerio de Salud Pública brinde atención médica y psicológica, por un año, a las y los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad.
-Las instituciones involucradas pidan disculpas públicas a las y los familiares por haber vulnerado sus derechos constitucionales, a través de una publicación en un periódico de amplia circulación del cantón Guayaquil.
-El Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y el Laboratorio de Criminalística de la Policía Nacional, entreguen los cuerpos hallados hasta la fecha a sus familiares para su inhumación.
-Como medida de no repetición, que el Instituto de Seguridad Social y el Ministerio de Salud Pública brinden capacitación a sus servidores/as sobre el protocolo y manipulación de los cadáveres en tiempo de pandemia.
La Defensoría del Pueblo de Ecuador dará seguimiento al cumplimiento de lo dispuesto por el juez. “Fue una vulneración evidente de derechos, creemos que este es un primer paso, pero existen aún cuerpos sin identificar de varias familias, vamos a luchar por cada una de ellas, para que sus derechos no sean vulnerados, este es un caso icónico y marca un precedente histórico ”, señaló el Dr. Freddy Carrión Intriago, Defensor del Pueblo de Ecuador.