La Defensoría del Pueblo del Ecuador como Institución Nacional de Derechos Humanos del Ecuador y encargada además del Programa de Reparación a Víctimas de Graves Violaciones de Derechos Humanos reconocidas por la Comisión de la Verdad, a propósito de la decisión que habría tomado el Juez de Inmigración de Estados Unidos, Alberto Rielfkohl, de conceder asilo político al Ex General de Policía, Edgar Vaca Vinueza, quien precisamente tiene varias acusaciones pendientes en el país por haber cometido presuntamente delitos de lesa humanidad, expresa lo siguiente:
La conformación de la Comisión de la Verdad fue producto del requerimiento de cientos de víctimas y familiares de víctimas que durante décadas demandaron el esclarecimiento de graves violaciones de derechos humanos. Estuvo presidida por la Hna. Elsie Monge e integrada por el Dr. Julio César Trujillo, Ing. Pedro Restrepo y Mons. Luis Alberto Luna Tobar, quienes contaron con el apoyo de un equipo interdisciplinario de técnicos nacionales e internacionales; por lo que, de ninguna manera estuvo conformada por miembros del movimiento Alfaro Vive Carajo, como al parecer se ha argumentado.
El Informe Final de la Comisión de la Verdad, publicado en el año 2010, detalla varias vulneraciones de derechos humanos perpetradas entre los años 1984 – 2008, sus mecanismos, estructuras, lugares y conspiraciones, con datos contrastados, ciertos, verificables y muy crudos, que más allá de ser información simplemente cuantitativa y cualitativa (118 casos y 456 víctimas), ha visibilizado marcas de dolor, sufrimiento, miedo e impotencia en las víctimas, sus familiares y la sociedad entera.
No es admisible que en este punto se pretenda trasladar el sufrimiento de las víctimas y sus familiares a espacios de confrontación política, donde se busca deslegitimar ante la opinión pública a quienes fueron víctimas de graves violaciones de derechos humanos como torturas, desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales, ampliamente narradas y documentadas por la Comisión de la Verdad.
Las víctimas de estas graves violaciones de derechos humanos tienen derecho a una reparación integral y adecuada, así como al esclarecimiento y la atribución de responsabilidades a quienes violaron sus derechos. La judicialización de estos casos no solo responde a ese justo derecho sino a la necesidad de toda la sociedad de condenar y sancionar el cometimiento de graves violaciones de derechos humanos, como un medio de disuasión y de prevención que impida que hechos como los denunciados queden en la impunidad o vuelvan a ocurrir, por lo que, desconocer lo ocurrido o pretender justificarlo resulta injusto para con la historia y la memoria social, lo que es firmemente rechazado por esta Institución Nacional de Derechos Humanos.
En ese contexto, consideramos totalmente infortunado que se otorgue el asilo político a uno de los principales acusados en los casos más graves y repudiables de violación a los derechos humanos ocurridos en nuestro país, pues como ha sido señalado por cortes internacionales, constituye una total desnaturalización de la institución del asilo el otorgar tal protección a personas que abandonen su país para eludir la determinación de responsabilidades como autores materiales o inmateriales de crímenes internacionales, tales como los delitos de lesa humanidad.
En ese contexto, la Defensoría del Pueblo hace un exhorto para que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y la Fiscalía General del Estado, en representación de las víctimas, sus familiares y la sociedad en general, interpongan todas las acciones que haya lugar ante el Gobierno de los Estados Unidos para evitar que esta decisión quede en firme, de tal manera que hechos tan dolorosos como estos sean juzgados y sancionados, respetando siempre las garantías del debido proceso.
Patricio Benalcázar Alarcón
Defensor del Pueblo