La Defensoría del Pueblo de Ecuador, en su calidad de Institución Nacional de Derechos Humanos, expresa su dolor, indignación y rechazo a los actos de violencia contra las mujeres, así como también a los hechos de violencia que se han generado contra la población venezolana.
Nos preocupa el alarmante crecimiento que registra la violencia contra las mujeres en el país, y sobre todo la extrema crueldad con la que se viene manifestando. Las mujeres que habitan en Ecuador están en un riesgo latente y esto obedece a la ausencia de una política estatal efectiva para cumplir con el mandato constitucional de su erradicación.
Por ello consideramos que esta violencia no solo es un delito: es una violación a los derechos humanos y es también una agresión simbólica a la dignidad colectiva de un pueblo. Además, es un problema social estructural grave que exige una respuesta de carácter integral a través de políticas de prevención, protección, lucha contra la impunidad y reparación integral, acciones que deben estar debidamente financiadas. Sólo así se podrá construir un futuro donde hombres y mujeres puedan ejercer su derecho a vivir con libertad, seguridad y dignidad.
En este contexto, lamentamos la asociación que el gobierno hizo entre femicidio y nacionalidad del autor. Las medidas anunciadas exacerbaron los ánimos y devinieron en hechos de violencia y xenofobia. Así, en Ibarra vimos con estupor como se ejecutaron actos de violencia que el Estado no pudo controlar. Hubo ira, persecución, despojo, destrucción y expulsión. Y con ello, la dignidad de personas inocentes se vio pisoteada.
Estos repudiables hechos se unen a la afluencia de mensajes de discriminación, xenofobia y odio que circulan en redes sociales; a las preocupantes comunicaciones de amenaza que han recibido defensores y defensoras de derechos humanos que brindan atención a la población venezolana; y, a las agresiones a ciudadanos ecuatorianos que se están empezado a registrar en Venezuela, siendo todas ellas situaciones preocupantes que ameritan una intervención estatal.
Lamentamos que todos estos hechos se produzcan tras comunicados emitidos por los gobernantes de Ecuador y de Venezuela. En este sentido, la Defensoría del Pueblo recuerda que las medidas y la información emitida por las autoridades deben estar orientadas a la construcción de una cultura de paz y de respeto a los derechos humanos.
Frente a este ambiente de zozobra es urgente recuperar el sentido de humanidad y solidaridad. Y por ello hacemos un llamado a la sociedad a rechazar toda forma de violencia, exclusión, exacerbación del prejuicio y propagación del miedo.
Consideramos que se están dando pasos positivos en este sentido y esto nos devuelve la esperanza. Miramos con satisfacción la reacción masiva de repudio que se viene registrando en el país a través de marchas por la no violencia a las mujeres y en contra de la xenofobia, los pronunciamientos de personas e instituciones en favor de la paz, y las expresiones concretas de solidaridad como la registrada en Ibarra con actos de restitución a las víctimas del despojo.
En cuanto a la decisión del gobierno de exigir el requisito de pasado judicial para el ingreso de personas venezolanas, la DPE considera que esta decisión podría agravar la crisis migratoria, pues ante la dificultad para acceder a este documento se fomentaría la irregularidad migratoria y el riesgo de explotación laboral, trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.
Por ello, hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que previo a adoptar esta medida revise lo establecido en el art. 11 numeral 2 de la CRE, que prohíbe la discriminación por nacionalidad y pasado judicial; la Sentencia de la Corte Constitucional No. 035-17- SIN- CC que declaró la inconstitucionalidad del pasado judicial para la población colombiana; la recomendación de país que el Comité de Trabajadores Migratorios y sus familias emitió en 2010 sobre este mismo requisito; y, la Resolución 2-18 sobre “Migración Forzada de Personas Venezolanas” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El Gobierno Nacional dispone de una respuesta a la necesidad de medidas de control migratorio para el ingreso al país: el Plan Integral para la atención de flujo migratorio venezolano, el cual fue elaborado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en acatamiento a la sentencia de medidas cautelares emitida en agosto de 2018, y que determinó que dichas medidas deberán seguir los principios de protección y respeto de los derechos humanos. Esto implica no generar discriminación, no criminalizar la migración, respetar los derechos de asilo y refugio, y brindar atención a grupos de atención prioritaria.
En el marco de estas consideraciones, la Defensoría del Pueblo emite los siguientes exhortos:
- Al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, a activar los mecanismos diplomáticos y consulares para garantizar la protección de los ciudadanos ecuatorianos en Venezuela frente a los hechos de xenofobia.
- Al Ministerio del Interior, a garantizar la protección a las defensoras y defensores de derechos humanos, en particular de mujeres y personas en movilidad humana que están siendo objeto de amenazas y enfrentan situación de riesgo por su trabajo.
- Al Ministerio de Educación, a asegurar el retorno a las aulas de NNA venezolanos, a disponer a los colegios y escuelas controlen posibles reacciones en su contra, y a promover acciones de promoción de la convivencia, solidaridad y de una ética de la existencia humana.
- A los gobiernos locales, a impulsar políticas que fortalezcan la convivencia, a fomentar espacios de tratamiento a los problemas de relación que existen entre personas ecuatorianas y venezolanas, y a promover la resolución oportuna y pacífica de los conflictos.
Gina Benavides Llerena
Defensora del Pueblo (e)
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