La Defensoría del Pueblo, como Institución Nacional de Derechos Humanos, expresa su profunda preocupación frente a los hechos de conocimiento público respecto al incremento de muertes violentas en la ciudad de Guayaquil, Durán y Samborondón; así como, más fallecimientos en el centro de Rehabilitación Social Guayas Nro. 1 siendo que, el día jueves 14 de octubre de 2021 se encontraron cadáveres de cuatro personas privadas de la libertad. Frente a esta grave situación, es importante destacar que la DPE ha reiterado permanentemente que la vida, seguridad, la integridad y la dignidad de las personas independientemente de su condición deben ser garantizadas por el Estado.
En este sentido, y bajo las facultades que se otorga a la Defensoría del Pueblo, en el artículo 215 de la Constitución de la República del Ecuador, en consonancia con el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, esta institución reitera la necesidad imperante de adoptar de estrategias estatales integrales dirigidas a garantizar la seguridad ciudadana pero enmarcándose en las causas estructurales que inciden en los hechos de violencia.
Cabe señalar que, respecto a los fallecimientos de las personas privadas de libertad, la Defensoría del Pueblo solicitó a las autoridades que de manera urgente se remita un informe debidamente sustentado y documentado sobre los hechos expuestos, incluidas las comunicaciones, denuncias, memorandos, informes y oficios que al respecto se hayan elaborado, así como, la identidad de las personas cuyos cuerpos fueron encontrados «suspendidos». Igualmente, la INDH ha solicitado más de una vez, una copia del listado e informe del conteo realizado a las personas privadas de la libertad en los días 13 y 14 de octubre de 2021.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo demandó un informe sobre las acciones desarrolladas para garantizar la seguridad de las personas privadas de la libertad y para la prevención de este tipo de situaciones exhortando el cumplimiento de estándares constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos y rehabilitación social.
La Defensoría del Pueblo se mantiene vigilante ante esta situación y reafirma su compromiso de velar y garantizar los derechos humanos de todas y todos.