La Defensoría del Pueblo ante la difusión en medios de comunicación sobre el incremento de inseguridad, tasas de asesinatos, e iniciativas por parte de autoridades seccionales y legislativas de presentar una propuesta de Ley dirigida a viabilizar el libre porte de armas para que las y los ciudadanos se defiendan del incremento de la delincuencia, expresa:
Según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) Pobreza y Desigualdad, elaborada en diciembre 2019 por el Instituto Nacional sobre Estadísticas y Censos en el estudio se registra que la pobreza por ingresos a nivel nacional en diciembre de 2019 se incrementó a 25,0% en comparación al 23,2% de diciembre de 2018, el coeficiente de Gini se ubicó en 0,473 a nivel nacional, mientras que la pobreza por necesidades básicas insatisfechas a nivel nacional llegó a 34,2% , de los porcentajes señalados el índice de pobreza es aún mayor en el sector rural respecto al sector urbano. El mismo estudio determinó que Guayaquil es la ciudad con mayor incidencia de pobreza a la fecha de diciembre de 2019 con un porcentaje del 11,2%; mientras que, el menor nivel de pobreza le corresponde a la ciudad de Cuenca (4,1%).[1]
Según datos de la Policía Nacional en el año 2021 a nivel nacional se han producido 63.498 aprehensiones, de las cuales el 16% están relacionados a delitos contra la propiedad, el 14% a delitos relacionados a la producción o tráfico de drogas, el 7% al delitos de violencia contra la mujer o miembros de la familia, 5% por contravenciones, 2% delitos contra la integridad sexual y el 1% se vincula a delitos contra la inviolabilidad de la vida; cabe señalar que el 20% de las aprehensiones realizadas por la Policía Nacional se concentraron en la provincia del Guayas. De las estadísticas reportadas por el SNAI a julio del 2021 se observa que las 29.408 personas privadas de libertad, corresponden a población cuya edad oscila entre los 18 a 40 años lo que representa el 75%, es decir, población joven económicamente activa.
Según el estudio realizado por el ex Ministerio de Justicia en el año 2017[2], se identificó el exponencial aumento de PPL desde el año 1989 donde existía una población penitenciaria de 6.978 y que hasta agosto del 2021 llegó a 38.717 PPL, presentando el pico más alto a inicios del año 2019 cuando la población penitenciaria aumentó a 40.096 PPL frente a una capacidad instalada para 30.169 personas, es decir que en 30 años se quintuplicó. Dicho incremento responde, entre otros factores, a la falta de implementación de una política criminal dirigida a prevenir el delito pero con enfoque en el desarrollo humano, a través de educación, arte, cultura, salud, trabajo digno, entre otros derechos, pero evitando que esta política tenga una visión seguritista que endurezca las penas.
De los datos señalados se puede establecer que el origen de los problemas de violencia y delincuencia que asechan a varias ciudades del Ecuador se centran en la falta de estrategias estatales para el desarrollo y cumplimiento de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESC-A), lo cual incide directamente en los hechos de violencia agravando aún más el uso indiscriminado de la prisión preventiva que exacerba la criminalización de la pobreza. El hecho de proponer el libre porte de armas no constituye una solución de raíz, simplemente responde al populismo penal y teorías seguritistas que en la práctica no han servido para evitar la criminalidad en ningún país del mundo. Varios estudios criminológicos han concluido que ni esta medida, ni el aumento de penas inciden favorablemente en la prevención del delito, razón por la que se exhorta a no hacer eco de estas propuestas infundamentadas y sin enfoque en DDHH, rehabilitación y reinserción social.
En este sentido, conviene recordar que el artículo 393 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que: “El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno.”
De esta forma el Estado, a través de los distintos gobiernos de turno a nivel nacional y seccional, ha desatendido de forma técnica las causas de los problemas estructurales y no han asignado recursos suficientes dirigidos a formular, expedir y ejecutar una política integral en materia de prevención de delitos y rehabilitación social, lo cual ha conllevado la criminalización de la pobreza y por ende la inobservancia de estándares nacionales e internacionales y de dictámenes de la Corte Constitucional, fiel reflejo de ello es la violencia presentada tanto en las calles, como en los centros a cargo del Sistema de Rehabilitación Social, especialmente en las provincias de Guayas, Pichincha, Manabí, El Oro y Los Ríos.
Si bien es cierto, los gobiernos autónomos descentralizados han dirigido ingentes recursos para la central del ECU-911 y la asignación de recursos (como motos y autos) a la Policía[3], lo expuesto denota que es necesario dirigir los esfuerzos a otros espacios, como programas y servicios dirigidos a promover en forma conjunta el pleno ejercicio de los derechos humanos, el desarrollo y la seguridad, como medios para garantizar no solo la seguridad interna sino también la seguridad nacional.
Al respecto, en el Informe del Secretario General las Naciones Unidas “Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos” (A/59/2005) en el año 2005, se alertó a los Estados sobre la necesidad de contrarrestar los efectos de la violencia, encaminando los esfuerzos de los Estados entre otros aspectos a: atacar la delincuencia organizada, promover el desarrollo rural dirigida al aumento de la producción de alimentos y de los ingresos; el desarrollo urbano a partir de la creación de empleos, mejoramiento de los barrios de tugurios y búsqueda de alternativas para evitar la formación de esos barrios; la garantía del acceso universal a servicios esenciales; garantía de la enseñanza primaria universal y ampliación de la enseñanza secundaria y superior; así como el comercio y financiación para el desarrollo.
La Defensoría del Pueblo del Ecuador, al amparo del artículo 215 numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador EXHORTAMOS a:
1. Las diferentes autoridades a nivel nacional y local a implementar acciones dirigidas a promover y garantizar la seguridad humana bajo un abordaje integral que promueva el pleno ejercicio de los derechos de las personas y no solo una visión seguritista.
2. Las diferentes autoridades a nivel nacional y local a promover políticas y programas educomunicacionales que permitan garantizar los derechos humanos, en especial el derecho a una vida libre de violencia y criminalidad; a actuar con eficacia y celeridad ante la vulneración de derechos; a no criminalizar la pobreza.
3. Las diferentes autoridades a nivel nacional y local a formular, expedir y ejecutar una política integral dirigida principalmente a proteger al ser humano.
4. Las diferentes autoridades a nivel nacional y local a atender los problemas que se derivan de la desigualdad y pobreza, en lugar de criminalizarla.
5. Las diferentes autoridades a nivel nacional y local a no incitar a la ciudadanía a tomar el uso de las armas para proveerse de una falsa seguridad.
6. A la Función Judicial a promover una eficaz y eficiente protección a las víctimas con medidas de reparación integral material e inmaterial.
7. A los órganos con facultad normativa a no proponer ni expedir medidas basadas en el populismo penal ni en teorías seguritista sin enfoque en DDHH.
[1] Instituto Nacional de Estadísticas y Censo INEC, Boletín Técnico No. 02-2020-ENEMDU, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), diciembre 2019, En https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/POBREZA/2019/Diciembre-2019/Boletin%20tecnico%20de%20pobreza%20diciembre%202019_d.pdf
[2] Módulo de Formación y Capacitación Penitenciaria, del MJDHC en 2017
[3] Diario El Universo, Cynthia Viteri, sobre seguridad en Guayaquil: ‘Los inocentes deben estar armados, la gente debe tener derecho a defenderse, 7 de octubre del 2021, En internet: https://www.eluniverso.com/guayaquil/comunidad/cynthia-viteri-sobre-seguridad-en-guayaquil-los-inocentes-deben-estar-armados-la-gente-debe-tener-derecho-a-defenderse-nota/
Defensoría del Pueblo de Ecuador
Descargue el pronunciamiento a continuación