Ante los hechos suscitados el 02 de agosto de 2021, en la comunidad La Merced de Buenos Aires, ubicada en el cantón Urcuquí, en la provincia de Imbabura, emitimos la siguiente alerta:
Se recuerda al Estado ecuatoriano que la ejecución de la sentencia no es un instrumento que legitime el uso excesivo de la fuerza, y que se debe procurar evitar la agudización de un conflicto socioambiental y considerar los derechos de la comunidad La Merced de Buenos Aires que, permanentemente, ha exigido un control adecuado o eficiente de las actividades mineras que han ocasionado afectaciones a los derechos de las personas y de la naturaleza.
Constitucionalmente, le corresponde al Estado respetar, garantizar y proteger los derechos de las personas y de la naturaleza, así como controlar y regular la actividad minera en Ecuador.
Es de conocimiento público que la comunidad La Merced de Buenos Aires se encuentra en un proceso de resistencia contemplado en el artículo 98 de la Constitución de la República y, en consecuencia, ha emprendido varias acciones que, inclusive, conllevaron a presentar una acción de medida cautelar.
Por otra parte, la empresa Hanrine interpuso una acción de protección que, al ser presentada en la ciudad de Quito y no en la provincia de Imbabura, impidió que la comunidad conozca oportunamente de la misma; por lo que, en el proceso de ejecución de la resolución dictada en la acción de protección, a fin de no agravar la conflictividad, fue necesario que las autoridades de control y regulación de las actividades mineras, como son el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica y el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, además de las entidades que deben ejecutar la sentencia, se presenten e informen a la comunidad de La Merced de Buenos Aires.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de su mandato constitucional, ha emitido alertas sobre la responsabilidad de las instituciones de regulación y control, de crear espacios que trabajen en la solución del conflicto suscitado y, una vez más, se pronuncia emitiendo otra alerta sobre posibles vulneraciones a los derechos de la comunidad de La Merced de Buenos Aires en los siguientes términos:
· EXHORTAR a la Policía Nacional a que, en la ejecución de la sentencia, se garanticen los derechos de las personas que habitan en la comunidad La Merced de Buenos Aires, que se mantienen en proceso de resistencia, y evitar el uso excesivo de la fuerza, y vulneraciones de derechos considerando que, de existir, se deberán asumir las responsabilidades que la Constitución y la ley establecen.
· EXHORTAR al Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica y el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables a que concurran a la comunidad de la Merced de Buenos Aires y establezcan espacios de diálogo, para informar a la comunidad sobre la ejecución de la sentencia y emprender acciones para evitar que el conflicto se agudice.
· INFORMAR a la Fiscalía General del Estado que, de ocurrir denuncias contra miembros de la comunidad de La Merced de Buenos Aires, se garantice el derecho a la resistencia, el derecho al debido proceso y se respeten los derechos de los defensores y defensoras de derechos humanos.
· EXHORTAR a la Fiscalía General del Estado a que se inicie un proceso de investigación en la jurisdicción que corresponda ante las denuncias que presenten las comunidades por el uso excesivo de la fuerza en el proceso de ejecución de la sentencia referida.
· EXHORTAR a la Secretaría de Derechos Humanos para que intervenga en el conflicto socioambiental suscitado en la comunidad de La Merced de Buenos Aires y coadyuve a garantizar los derechos de las defensoras y defensores de derechos humanos y de la naturaleza, e impulsar un proceso de diálogo para superar la conflictividad social.
Abg. Zaida Rovira Jurado
Defensora del Pueblo de Ecuador (s)
Descargue el pronunciamiento a continuación