La Defensoría del Pueblo, luego de recibir información de primera mano por parte de las y los trabajadores de Tame E.P., Correos de Ecuador E.P. y Ferrocarriles de Ecuador E.P., empresas públicas que entrarán en proceso de liquidación, expresa su preocupación por esta medida, ya que podría generar graves violaciones a los derechos constitucionales como: la vida digna, el trabajo, la salud, el acceso a servicios públicos universales y de calidad, entre otros.
Como Defensoría del Pueblo manifestamos nuestro profundo rechazo, además, por la falta de pago durante varios meses consecutivos de las remuneraciones a las y los trabajadores, sustento básico y fundamental para un adecuado ejercicio de derechos, situación que se ve agravada dada la emergencia sanitaria y el anuncio de la liquidación.
Adicionalmente, existiría la falta de pago de las liquidaciones a las personas desvinculadas y de las obligaciones ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, actos que, evidentemente, son contrarios a la ley y a la Constitución.
Es importante señalar que las remuneraciones son derechos irrenunciables de las y los trabajadores. De igual manera, se recuerda que las obligaciones que el Estado tiene en su calidad de empleador respecto de sus servidores/as, no pueden ser pospuestas y son de cumplimiento inmediato y obligatorio. En esta misma línea, consideramos que la falta de pago al Instituto Ecuatoriano de Seguro Social (IESS) afectaría el derecho a acceder a las prestaciones sociales disponibles, entre ellas, el acceso al derecho a la salud.
Con estos antecedentes, EXIGIMOS a las autoridades de las empresas públicas en liquidación como TAME E.P., Correos de Ecuador E.P. y Ferrocarriles de Ecuador E.P., a que se paguen de inmediato los sueldos pendientes y liquidaciones a las y los empleados.
Finalmente, en relación a la información recibida de desvinculaciones de personas que pertenecen a grupos de atención prioritaria, se recuerda que existen reglas jurisprudenciales de nidas por las sentencias de la Corte Constitucional en donde se establecen protecciones especiales para estos grupos, sobre todo, para mujeres en estado de gestación, en período de lactancia, personas con discapacidad y trabajadores/as sustitutos, por lo que es necesario que las empresas actúen de acuerdo a lo señalado para evitar la judicialización de estos casos.
En el rol de la Defensoría del Pueblo, esperamos que este exhorto se acoja de manera inmediata y con la responsabilidad que esta situación amerita, caso contrario, la institución tomará las acciones administrativas y judiciales que correspondan, a escala nacional, para proteger los derechos de las y los afectados.
Dr. Freddy Carrión Intriago
Defensor del Pueblo de Ecuador
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